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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio cuenta de las denuncias constitucionales 268, 269 y 270 contra la primera vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
Los documentos fueron presentados por los congresistas Javier Padilla Romero (Renovación Popular) y Norma Yarrow (Avanza País) por presunta infracción constitucional y probable comisión de delitos.
De acuerdo con la titular del grupo legislativo, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, se iniciará el periodo de calificación de estas denuncias constitucionales.
Según un informe de la Contraloría General de la República, la vicepresidenta habría cometido una infracción constitucional por firmar documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya ejercía el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
“La fiscalizada durante el periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo”, se señaló en el documento.
Según la Contraloría, esto podría evaluarse como una “presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.
Dicho extracto de la Carta Magna señala que un ministro no puede ejercer otras funciones públicas excepto la legislativa, ni ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
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La subcomisión también dio cuenta de la denuncia constitucional 063 (ex 401) contra los exmiembros del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña por la presunta comisión del delito de usurpación de función pública.
Lo mismo ocurrió con otra denuncia contra el expresidente del Congreso Manuel Merino de Lama y el exparlamentario Rolando Ruiz por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
También se dio cuenta de la denuncia 112 (ex 465), formulada contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, integrante del Pleno del organismo electoral, por presunta infracción constitucional.
