El próximo 27 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) llevará a cabo una audiencia pública para evaluar la demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas contra la ley que autoriza a Dina Boluarte a despachar de manera virtual desde el extranjero.
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A finales de noviembre, el TC aceptó por unanimidad el trámite de la demanda presentada por 34 parlamentarios contra la Ley 31810. Esta ley permite que la presidenta pueda ejercer sus funciones de manera remota durante un viaje fuera del país, dado que no hay vicepresidentes en funciones.
Los congresistas exigen que se declare la inconstitucionalidad de los incisos 8-A.3 y 8-A.4 del artículo 8-A de la Ley 31810, “Ley que modifica la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.
Debido a su posición, en la demanda se argumenta que también son inconstitucionales los viajes realizados por Dina Boluarte fuera del país, comenzando por su visita a Brasil a mediados de 2023 y posteriormente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos).
La demanda fue presentada originalmente el 7 de septiembre de 2023 y fue admitida a trámite dos meses y medio después.
En la audiencia del 27 de marzo, el pleno del TC, liderado por Francisco Morales Saravia, escuchará los argumentos tanto de los demandantes como del Congreso, el cual aprobó la ley cuestionada.
En ese sentido, consideraron que los viajes realizados por la jefa de Estado desde la aprobación de dicha norma han sido inconstitucionales.
Boluarte realizó su primer viaje a Brasil para intervenir en la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica, en agosto pasado. Después, visitó el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco y viajó a Estados Unidos para ser partícipe en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Intento de vacancia presidencial
En diciembre del año pasado, congresistas de las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial presentaron una moción de vacancia contra Boluarte, acusándola de haber cometido “abandono del cargo” por despachar de manera remota desde el extranjero.
Según la moción, suscrita por 27 legisladores, la presidenta habría violado los artículos 51, 102, 113 y 115 de la Constitución al ejercer sus funciones de forma remota en el extranjero sin tener un vicepresidente en funciones.
Se argumenta que la ley de despacho remoto, aprobada por el Parlamento, no puede prevalecer sobre lo establecido en el artículo 115 de la Constitución, que estipula que el despacho presidencial debe ser asumido por un vicepresidente cuando el jefe del Estado esté fuera del país.
Sin embargo, a principios de este mes, el Pleno del Congreso del Perú archivó la moción al no obtener los votos necesarios para su admisión a trámite. Solo 28 legisladores votaron a favor de la moción, mientras que 69 se opusieron y hubo 6 abstenciones.
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