La diputada electa por San Martín, Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo, es investigada por la Fiscalía de Tarapoto por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y contra la fe pública. El dominical Cuarto Poder reveló que las diligencias comenzaron a finales de mayo de 2026 y se centran en la autenticidad de la declaración jurada que permitió formalizar su candidatura en las elecciones generales.
La investigación cuestiona el Anexo 11, documento mediante el cual los postulantes expresan su consentimiento para participar en el proceso electoral. Según la hipótesis fiscal, la firma y la huella dactilar consignadas en ese formulario habrían sido adulteradas.
Las pesquisas también evalúan si su inscripción respondió a la necesidad de completar el requisito de paridad de género exigido para la lista parlamentaria de Juntos por el Perú. Además, la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones señala que la legisladora no registra estudios superiores, bienes, ingresos declarados ni antecedentes de participación política.
¿Qué detectaron las pericias?
Según el dominical, un informe dactiloscópico elaborado por la Policía Nacional concluyó que la huella colocada en la declaración jurada no coincide con la registrada por Jacqueline Tapullima en el Reniec. El análisis determinó diferencias en el número de crestas papilares, por lo que la impresión habría sido realizada por otra persona.
Las pericias grafotécnicas también examinaron la firma incluida en el documento presentado para la inscripción. El resultado señala que la rúbrica correspondería a una falsificación realizada mediante imitación.
Durante la investigación, las autoridades verificaron que Tapullima renovó su Documento Nacional de Identidad en diciembre de 2025. En ese trámite únicamente modificó el diseño de su firma oficial, un hecho que también forma parte de las diligencias fiscales.
La diputada electa fue citada por la Fiscalía para participar en las diligencias el 15 de junio en Tarapoto. Sin embargo, solicitó la reprogramación de la diligencia argumentando que debía viajar a Lima.
Posteriormente, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio durante la investigación. No obstante, cuando fue consultada sobre las imputaciones, sostuvo que sí firmó la documentación presentada para participar en la campaña electoral.
Los escritos remitidos posteriormente al Ministerio Público contienen nuevamente la firma que figura en su Documento Nacional de Identidad. Esa rúbrica es distinta a la que aparece en el documento cuestionado por la investigación.
