El partido Juntos por el Perú (JP) y sus aliados de izquierda han desplegado una estrategia política y judicial para evitar lo que a estas alturas ya parece inminente: el triunfo de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
La ofensiva se concentra en tres ámbitos: el Congreso de la República, el Poder Judicial (PJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
ARREMETIDA. En el Parlamento, la primera acción fue la presentación de una moción para interpelar al canciller Carlos Pareja Ríos.
El pedido ingresó ayer y tiene 17 autores de las bancadas de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (7), la Bancada Socialista (4), el Bloque Democrático Popular (3) y Somos Perú (1), a quienes se le sumaron dos No Agrupados.
Entre estos congresistan destacan el candidato presidencial Roberto Sánchez, Sigrid Bazán, Héctor Valer, Margot Palacios, Isabel Cortez y Bernardo Quito.
La moción plantea que el canciller responda por los cuestionamientos formulados a su gestión durante el proceso electoral de 2026.
Según el documento, la interpelación responde a presuntas irregularidades operativas como la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la eliminación de la digitalización de las actas de votación en el extranjero para el balotaje.
Los parlamentarios cuestionaron este cambio normativo por supuestamente vulnerar la transparencia, la soberanía del voto y el principio de intangibilidad electoral.
Asimismo, los firmantes denunciaron demoras excesivas en el traslado de actas físicas desde Argentina y la supuesta convocatoria irregular de 234 ciudadanos voluntarios en el consulado de Los Ángeles.
Por otro lado, la ofensiva legislativa también incluye el pedido para crear una comisión investigadora.
Esta moción fue presentada el pasado 23 de junio por la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial y se encuentra pendiente de evaluación por el Consejo Directivo del Congreso.
La solicitud propone crear la “Comisión Investigadora Encargada de Investigar los Presuntos Actos de Injerencia, Interferencia e Irregularidades que habrían Afectado la Transparencia e Integridad del Proceso de Segunda Vuelta Electoral 2026”.
La iniciativa busca que el Parlamento indague si hubo acciones que –según sus promotores– afectaron la transparencia de los sufragios.
El congresista Wilson Quispe presentó esta propuesta, junto con los legisladores Víctor Cutipa, Elías Varas, Alfredo Pariona y Bernardo Quito.
La comisión, si propera, deberá recopilar información y establecer responsabilidades políticas sobre los hechos denunciados.
A esta iniciativa se suma una denuncia constitucional presentada por Pablo Salas, personero legal de JP, contra el canciller Pareja.
La acusación propone una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos y se sustenta en 14 supuestos hechos relacionados con su actuación durante la segunda vuelta electoral.
Entre estos están la participación de la Cancillería en el manejo del voto extranjero, las modificaciones aplicadas al procedimiento de transmisión de actas, la presunta afectación a la transparencia electoral y el papel atribuido al embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, dentro del contexto electoral.
La denuncia, según la organización política, debe ser investigada por el Congreso para determinar si existieron responsabilidades constitucionales del titular de Relaciones Exteriores.
OTRO FRENTE. El plano judicial concentra tres acciones vinculadas al escenario posterior al balotaje.
Dos de ellas fueron impulsadas por la defensa de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, mientras que una tercera fue presentada por un ciudadano a quien relacionan con el entorno de Antauro Humala.
La primera acción es la demanda de amparo presentada por Walter Ayala, abogado de Sánchez, contra la resolución emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que modificó el sistema de transmisión de actas del voto extranjero.
“No estamos pidiendo que se declaren nulas las elecciones en el extranjero. Estamos pidiendo que los votos que han roto la cadena de custodia y el principio de transparencia no se apliquen al conteo final para cuando se proclame al ganador de estas elecciones”, declaró Ayala a RPP.
El abogado también presentó una medida cautelar al PJ con el objetivo de impedir que las actas cuestionadas sean incorporadas al resultado final antes de la proclamación presidencial.
La tercera acción judicial corresponde al hábeas corpus presentado por Tomás Soldevilla contra Keiko Fujimori y entes electorales.
El Segundo Juzgado Constitucional admitió a trámite el recurso, que solicita suspender una eventual proclamación de Fujimori mientras se evalúa un cuestionamiento sobre una presunta doble nacionalidad japonesa.
La demanda sostiene que hay dudas sobre la situación jurídica de la candidata debido a sus vínculos familiares con el registro japonés conocido como koseki.
ÚLTIMA TRINCHERA. En paralelo, la defensa de JP ha presentado seis recursos de nulidad frente a los resultados del escrutinio.
El caso más reciente demandó la nulidad global de todas las mesas de sufragio instaladas en las sedes consulares de los cinco continentes.
Otro expediente apuntó a 647 mesas distribuidas en los Estados Unidos (EE.UU.) y un pedido distinto agrupó diversas mesas de sufragio de las ciudades de Chicago, Houston y New Jersey.
En otro recurso se exigió la anulación de 294 mesas de sufragio ubicadas en la República Argentina.
Todo esto se suma, cabe recordar a la impugnación de 1,751 mesas de la provincia de Lima por presunto fraude estadístico.
Los órganos electorales declararon la improcedencia de las seis solicitudes por graves deficiencias de carácter formal.
Los Jurados Electorales Especiales sustentaron el rechazo en la presentación extemporánea y en la falta del pago de tasas oficiales.
