Doce proyectos buscan tumbar la reforma universitaria

En julio de 2014 se promulgó la Ley Universitaria (Ley 30220) con el objetivo de supervisar a las universidades y promover el mejoramiento continuo de su calidad educativa. Sin embargo, la llamada reforma universitaria podría terminar convertida en una contrarreforma.

MIRA ESTO | Sunedu sanciona a San Marcos por promover a 73 docentes que no cumplían con el perfil

Y es que el actual Congreso ha puesto un especial -y sospechoso- interés en la presentación de proyectos relacionados a la educación universitaria. Hasta el momento son 5 iniciativas legislativas que buscan darle una segunda oportunidad a las universidades que no cumplieron con los requisitos básicos de calidad y por lo tanto, tienen la licencia denegada (ver infografía).

Pero además, existen por lo menos 7 proyectos que proponen cambios en la reforma y podrían debilitar las funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

SALVAVIDAS

El primer salvavidas para las universidades con licencia denegada partió del congresista Darwin Espinoza (renunciante de Acción Popular). Su proyecto busca establecer un plazo de dos años para que las casas de estudio puedan “superar las deficiencias identificadas” en los informes técnicos elaborados por la Sunedu. En la iniciativa se precisa que esta última no podrá identificar nuevas deficiencias.

La segunda y tercera iniciativa ofrecen los mismos beneficios que el primero, pero agregan que el Ministerio de Educación puede evaluar suscribir convenios de colaboración con las universidades privadas no licenciadas, a fin de implementar los mecanismos de mejora de la calidad. Lo curioso es que los proyectos provienen de bancadas ideológicamente opuestas como Perú Libre (PL) y Renovación Popular (PL).

En la misma línea, hay un proyecto que tiene por nombre “crear el régimen de protección educativa en universidades públicas y privadas con licencias denegada” que nació desde el grupo oficialista.

En este proyecto se propone crear de manera transitoria el Régimen de Protección Educativa (REPROE) para que el Minedu -a través de un comité reorganizador- tome la gestión y el control de esas universidades con la finalidad de mejorar las condiciones básicas de calidad y elevar su nivel académico por tres años.

Finalmente, hay un proyecto también de PL que propone otorgar a las universidades que no obtuvieron licencia -de manera excepcional- la presentación de una nueva solicitud. De aprobarse, el nuevo plazo sería hasta el 31 de diciembre de este año.

OTRAS LEYES EDUCATIVAS

Adicionalmente a pretender otorgarle una segunda oportunidad a las universidades que no lograron licenciarse, diferentes bancadas intentan realizar una serie de cambios a la Ley Universitaria y que podría -en el corto plazo- debilitar el trabajo que viene realizando la Sunedu.

Por ejemplo, hay dos iniciativas que plantean el ingreso libre a las universidades.

“Las vacantes por universidad son ocupadas en orden según el promedio de rendimiento académico de sus estudios secundarios. Los postulantes pueden solicitar su admisión en cualquier universidad del país”, señalan.

Así, modifican el artículo 98 de la Ley Universitaria, que precisa que el proceso de admisión es mediante concurso público con un examen de conocimientos como proceso obligatorio.

También se busca otorgar una prórroga para que los docentes puedan adecuarse a la reforma. Como se recuerda, cuando se publicó la ley en 2014, se estableció entre los requisitos un plazo de cinco años para que los docentes se actualicen y tengan maestría con el fin de seguir enseñando, sin embargo, la propuesta de Acción Popular busca extender el plazo para ese requisito hasta el 30 de noviembre de 2026.

Una propuesta sobre el mismo tema va más allá. Desde Perú Libre plantean que los profesores que no poseen el grado de maestro o doctor cuando entró en vigencia la ley, conserven la categoría que tenían en ese momento en el claustro, pero que sí se aplique a los nuevos docentes que intenten enseñar en alguna universidad.

CAMBIOS

Dentro de la bolsa de proyectos que petardean la reforma universitaria, está el de modificar los requisitos para ser rector.

Así, si antes se pedía que el docente se encuentre en una categoría principal, con no menos de cinco años en ese rubro, además de tener un título de doctor obtenido por asistencia presencial, el proyecto de APP propone reducir los requerimientos al grado de doctor. Sobre este aspecto, agregan que el título haya sido obtenido con estudios presenciales, semipresenciales o a distancia.

En la misma línea, hay un proyecto del mismo grupo parlamentario que intenta eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, establecido originalmente en 70 años y posteriormente ampliada a los 75 años.

Por último, una de las iniciativas que atenta directamente contra la Sunedu parte de la bancada de Renovación Popular y se denomina “Ley que reestablece la autonomía universitaria en el Perú”.

El proyecto busca cambiar el mecanismo para designar al jefe de la Sunedu con el fin de que este sea designado por los rectores de las universidades.

Actualmente, el máximo representante de la institución que fiscaliza y sanciona a las universidades es designado por el Ministerio de Educación, por lo que un nombramiento de parte de las casas de estudios implicaría un evidente conflicto de intereses.

Este mecanismo era usado por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que convertía a los dueños de universidades y a sus rectores en juez y parte del proceso de vigilancia de la calidad educativa.