Ejecutivo oficializa renuncia de Betssy Chávez tras su censura en el Congreso

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Betssy Chávez Chino al cargo de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y le dio las gracias por los servicios prestados a la Nación, según la Resolución Suprema 155-2022-PCM publicada este domingo en “El Peruano”.

La norma fue suscrita por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez.

El pleno del Congreso aprobó la moción de censura en contra de Chávez el pasado 26 de mayo. Según el Reglamento Interno del Parlamento, en ese caso el presidente de la República debe aceptar la renuncia de su funcionaria dentro de las 72 horas siguientes.

Para que se apruebe la moción de censura se requería la mitad más uno del número legal de congresistas; es decir, 66 votos. Esta fue impulsada por la bancada de Fuerza Popular y fue aprobada con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.

Diez de las adhesiones a la iniciativa provinieron de grupos parlamentarios afines al Gobierno: nueve de Perú Libre y uno del Bloque Magisterial. Sin estos, sobre todo los de la bancada perulibrista, la moción que obliga a la ministra a renunciar al cargo no hubiese alcanzado los 66 votos mínimos.

Chávez fue censurada por ser considerada responsable en la huelga de controladores aéreos durante Semana Santa.

“Me puede parecer muy injusta y, reitero, que será la historia la que juzgue. Pero le pido al Congreso de la República voltear la página y avanzar en reflexión y en diálogo”, señaló la exministra tras su censura.

Reunión en Palacio de Gobierno

De acuerdo al Registro de Visitas del Portal de Transparencia de la Presidencia de la República, el presidente Pedro Castillo se reunió este domingo 29 de mayo con Betssy Chávez en su despacho de Palacio de Gobierno, entre 8:20 a.m. y 9:14 a.m. A esa misma hora también se registra la visita de Juan Ramón Lira Loayza al despacho presidencial.

Este último se desempeña actualmente como Director de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo.

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