El éxito del gobierno de El Salvador contra las pandillas criminales y las alarmantes cifras de asesinatos, robos y extorsiones que se multiplican en todo el Perú introdujeron ayer el debate de la conveniencia de aplicar las estrategias del presidente Nayib Bukele en el territorio nacional.
El plan de Bukele ha consistido en control territorial de las zonas más conflictivas, la suspensión del ejercicio de ciertos derechos constitucionales, como la libertad de asociación y el derecho a la defensa, la intervención de las telecomunicaciones sin que exista una autorización judicial y una rigurosa política carcelaría de los detenidos.
El primero en abordar el tema fue el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en el II Congreso Internacional de Flagrancia (ver ángulo).
Ante ello, ayer, se le hicieron consultas al premier Alberto Otárola, quien calificó de “eficiente” los planes en marcha de Bukele respecto de la lucha contra las pandillas organizadas.
“Se podría (evaluar aplicar el modelo de El Salvador), ciertamente, que se podría. Uno de ellos, aunque no sé si es el caso de El Salvador, nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional”, señaló.
Aclaró que el Gobierno no busca calificar a todos los extranjeros de delincuentes porque existen los que buscan en el país nuevas oportunidades y los que solo llegaron al Perú a delinquir.
“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública, hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar varios aspectos”, añadió.
Otárola refirió que uno de los planes que busca emprender el Gobierno de Dina Boluarte es el de modificar cerca de 50 normas para “hacer a la Policía más eficiente y poder atender a los ciudadanos”.
Exhortación.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte también expresó su preocupación por la ola delincuencial que hay en el país.
Por ello, pidió al Congreso ver con prioridad el proyecto que envió el Ejecutivo mediante el cual solicita la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana.
La invocación la hizo durante una ceremonia por el XXVI Aniversario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
“Aprovecho esta oportunidad para solicitar, respetuosamente, al Congreso que se incluya con prioridad en la agenda el proyecto de delegación de facultades que ingresó por mesa de partes el pasado de 28 de julio”, exhortó.
Invocó, además, a todas los poderes del Estado, cerrar filas “frente a la delincuencia y el crimen”.
Allí recordó que su petición la formuló en medio de una ola delincuencia y explicó que la propuesta del Ejecutivo permitirá aprobar un conjunto de 30 medidas que endurecerán las acciones contra la criminalidad.
“Nos proponemos emitir más de 30 normas directamente vinculadas a la seguridad ciudadana para reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, el robo, el hurto y la penalización de uso de celulares robados.
Asimismo, frente a los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros, sostuvo Boluarte, “vamos a incorporar en el Código Penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en casos de flagrancia”.
En ese sentido, pidió a todas los poderes del Estado cerrar filas frente a la delincuencia.
¿DIVISIÓN?
Quien sí se mostró en desacuerdo en implementar los planes de Nayib Bukele en el Perú fue el ministro Daniel Maurate (Justicia) al descartar que el Ejecutivo tenga pensado incluir ciertas estrategias de El Salvador.
Su posición fue tan opuesta a Otárola que incluso dijo que desde el Gobierno se trabaja en otras acciones que sí podrán ser aplicadas en el país.
“No, en el país no estamos aplicando el modelo de El Salvador. (¿Pero se puede aplicar?) He escuchado comentarios sobre eso. Nosotros tenemos un propio modelo. Estamos intentando y la próxima semana vamos a lanzar un importante modelo peruano que, básicamente, trata de salvar a los jóvenes de que ingresen a las cárceles que hacen mucho daño”, señaló.
Explicó que actualmente muchos jóvenes que se encuentran en la cárcel son gente pobre, que “no ha tenido acceso a la educación” y menos oportunidades.
“Son nuestras familias, nuestros sobrinos, nuestros hijos, vecinos del barrio que, por falta de acceso a la educación, por pertenecer a un barrio peligroso, por pertenecer a una familia disfuncional, por violencia familiar o por cualquier motivo, han ingresado a los penales”, expresó.
Además, opinó que como Ministerio de Justicia solo le queda trabajar duro en “resocializar” mediante la educación y cultura a aquellos que cometieron delitos. “Ese es nuestro trabajo”, puntualizó.
ANÁLISIS
Al respecto, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, consideró que la realidad de El Salvador no es “comparable al Perú”.
“Si quieren hacer algo que piensen en un Plan Boluarte que responda a las urgencias y emergencias de la población. Y existe, es el Plan Nacional Contra la Inseguridad Ciudadana que va al 2030, es una política. Y me da la impresión que no la conocen o no la han leído”, señaló.
Destacó, no obstante, algunos aspectos de lo ejecutado por Bukele en su país como el control territorial. “Yo rescato lo que ha dicho Bukele ‘hay que encontrar el territorio’, pero eso no es nuevo y tiene que ejercerlo el Ministerio del Interior”, señaló Ricardo Valdés.
Según Valdés, actualmente, se vive una “internacionalización y una geopolítica del crimen” y recordó que en el Perú ya existe una política pública sobre estos temas que fue aprobada en 2021 con miras al 2030, pero que hasta ahora no se encuentra financiada.
