Cuatro controvertidos magistrados abandonarán sus cargos antes de finalizar el 2026. Ello debido a que cumplieron el límite de edad para ejercer funciones tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía. Ese tope es de 70 años.
De los cuatro, el más próximo es el juez César San Martín, que alcanza dicha edad este 30 de diciembre. Entre tanto, los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez lo harán en junio del próximo año. Meses más tarde, en diciembre, se sumará el juez Jorge Luis Salas Arenas.
En ciernes
El primero en alistar las maletas será el magistrado César San Martín Castro. El juez ingresó al Poder Judicial en 1976 y se desempeñó como presidente de la entidad entre enero de 2011 y diciembre de 2012.
En abril de 2009, lideró la Segunda Sala Penal Transitoria que dispuso el archivo del Caso Madre Mía, contra el expresidente Ollanta Humala, tras señalar que no había pruebas suficientes y debido a que la Fiscalía no presentó acusación.
Este caso fue reabierto por un despacho fiscal, tras nuevos elementos, e ingresó a la fase preparatoria en noviembre último.
También en abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con San Martín como titular –cargo que asume actualmente–, sentenció al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro en su condición de autor mediato.
En aquel entonces, se cuestionó la incorporación del término “lesa humanidad” en la resolución, pues esta no se encuentra regulada en las leyes peruanas. “Dijimos ‘estos hechos, para el derecho penal internacional, constituyen delitos de lesa humanidad’. (Fue) una declaración, nada más que eso”, dijo San Martín a RPP en el 2018 al explicar el añadido de la figura.
Correo reveló también que San Martín intercambió e-mails con juristas españoles (como Gonzalo del Río, Mar Carrasco y Carmen Juanatey) entre 2008 y 2010. A ellos les consultó la aplicación del delito de “autor mediato” en el Caso Fujimori referido a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Más tarde, en 2018 se difundió un audio de San Martín, enmarcado en el Caso Cuellos Blancos, en el que le pedía al entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, “agilizar” un trámite a favor de su hermana menor. “No hubo voluntad de torcer la justicia (…) Cuando hay retraso, cualquier litigante (yo lo era) tiene el derecho de acudir al titular de la Corte”, alegó San Martín.
Por esa llamada, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo suspendió, dos años después, por treinta días. Luego, ratificó la medida. Sin embargo, el magistrado presentó un amparo y el juez Jorge Ramírez anuló la sanción. El caso también fue objeto de una investigación del Ministerio Público, pero la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la archivó.
Últimos meses
En la Fiscalía también habrá cambios. Los fiscales supremos titulares Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez culminarán sus labores en junio del próximo año. Ambos se desempeñaron como máxima autoridad de la institución y reúnen severos cuestionamientos.
De acuerdo al testigo y aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de la otrora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Ávalos le habría pedido al fiscal Rafael Vela que “trate de no hacer nada” en el Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua contra Martín Vizcarra. Ello luego que llegara un testimonio a sede fiscal.
Además, Karem Roca, exasistente de Vizcarra, develó aparentes cercanías. En diálogo con Panorama, sostuvo que el mandatario le mostró su celular con registros de llamadas con la fiscal.
Este Diario también compartió un audio en 2020 en el que Roca alude a Miriam Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno y hoy candidata de Perú Primero, partido de Vizcarra. “¿Miriam sabes lo que ha dicho? (…) Sí pues, ellos manejan a Domingo Pérez y a Zoraida”, se escucha.
En 2023, se filtró un audio de Villanueva en el que aseguraba que fue informado sobre una presunta “operadora” de Ávalos, Lenka Zajec –entonces trabajadora del Ministerio de Economía– , que ofrecía “obras” a cambio de frenar la inhabilitación de la fiscal en el Congreso.
Villanueva también contó a Correo, el último sábado 20, que producto de sus delaciones, Ávalos Rivera enfrenta más de una investigación fiscal. “Me citaron una o dos veces por investigaciones distintas”, dijo.
Finalmente, la investigación a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, junto al periodista Gustavo Gorriti, fue archivada a mediados de diciembre en la fiscalía que hoy lidera Ávalos.
En dicho caso se abordaba la presunta interferencia del hombre de prensa en el Caso Cócteles y otros, a cambio de brindar apoyo mediático a Pérez y Vela. Este entramado alcanzó al fiscal Pablo Sánchez, que también acaba sus funciones en junio.
Villanueva Barreto ha declarado ante la Fiscalía que coordinaba las reuniones entre Sánchez y Gorriti. Además, ha señalado que el fiscal supremo llevó a Gorriti con el primer coordinador del Equipo Lava Jato, Hamilton Castro, para recibir información, entre otros.
El propio Gorriti ha reconocido que llamó a Sánchez, en 2018, para frenar una diligencia de incautación de documentos. Sánchez, a su vez, reconoció que se comunicó con el fiscal a cargo, Álvaro Rurush, pero que este ya culminaba con el procedimiento cuando le respondió.
Sánchez también habría intercambiado favores con Benavides. El primero archivaría una investigación a una de las hermanas de la fiscal, y ella le archivaría otro caso por presunta negociación incompatible, según Villanueva.
Por otro lado, se hace una mención al nexo entre Vizcarra y Sánchez. “Antes de que se produzca la vacancia, a través de un asesor de Sánchez de nombre Alejandro Silva, quien tenía un estrecho vínculo con el congresista César Villanueva (…), se coordinó para que Pablo archive el caso Chinchero y Vizcarra no tenga ningún problema en ser presidente”, dijo Villanueva a Willax.
La fiscal Norah Córdova, en tanto, asegura que fue Sánchez Velarde quien le entregó los audios del Caso Cuellos Blancos a Gorriti.
El último de la fila
El juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será el último de este póker en abandonar su cargo. El magistrado alcanza el límite de edad para ejercer sus funciones el 13 de diciembre de 2026.
Según el exasesor ministerial en la Presidencia de Pedro Castillo, Salatiel Marrufo, se realizaron gestiones que derivaron en un presunto fraude electoral. En declaraciones a la Fiscalía, señaló que Dina Boluarte, entonces candidata a vicepresidenta –ya en segunda vuelta electoral– buscó un acercamiento ilegal con magistrados del JNE, entre ellos, Salas Arenas.
Además, indicó que el 7 de junio de 2021 se llevó a cabo una reunión en la que abogados anularon actas, bajo la coordinación de Boluarte, y que Alejandro Sánchez, dueño de la vivienda en Breña que era usada para las reuniones, aseguró conocer a Richard Acuña (APP). Este último habría estado conectado con el JNE. También se implicó al magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez.
En enero del 2021, el programa Beto a Saber informó que Salas Arenas fue abogado de procesados por terrorismo. Meses más tarde, el magistrado afirmó que “probablemente” defendió a imputados de pertenecer a Sendero Luminoso porque la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), de la Conferencia Episcopal Peruana, se lo encomendó.
“He estado vinculado a un movimiento de izquierda. No acepto el rótulo de pasado comunista ni el de abogado de terroristas”, dijo al programa “Sálvese quien pueda”.
En marzo del 2024, la Fiscalía lo denunció constitucionalmente por su presunta instigación al delito de aprovechamiento indebido del cargo. Según la tesis fiscal, el juez supremo buscó favorecer a su exasesor, Vladimir Cárdenas, con un contrato gestionado a manos de Walter Ríos.
