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El círculo se va cerrando. El día en que el expresidente Pedro Castillo dio el golpe de Estado en el que anunció el cierre del Congreso, a las salas de redacción llegó información de que se habría ordenado -tras culminar el mensaje a la Nación- detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Sin embargo, los rumores se disiparon ayer, tras conocerse que Raúl Enrique Alfaro Alvarado, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó ante la Fiscalía que recibió tal orden.
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TESTIMONIO
El comandante general Alfaro fue citado a declarar como parte de la investigación que se sigue contra el exmandatario Pedro Castillo.
De acuerdo con un documento publicado por Panorama, el comandante relató que el 7 de diciembre de 2022, luego de que Castillo Terrones diera lectura a un mensaje a la Nación, acudieron a su despacho Vicente Álvarez, jefe del Estado Mayor; Jorge Angulo, comando de asesoramiento general; Julio Ubillús, asesor de Angulo y el coronel Edison Hernández, director de imagen institucional.
Los generales Álvarez y Angulo le preguntaron qué acciones debían tomar como institución.
Fue en ese momento que recibió una llamada por WhatsApp de Willy Huerta, entonces ministro del Interior, quien le comunicó que estaba en Palacio y le pasaría con el expresidente Castillo.
“En ese momento, el presidente me señaló ´general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro. Intervenga a la fiscal de la Nación´”, contó el comandante general ante la Fiscalía.
El comandante general preguntó cuál era el motivo de la intervención, pero este le dijo que el ministro Huerta le daría los detalles.
También relató que el expresidente Castillo le dijo que debían dar seguridad a la casa de sus padres, de la entonces premier Betssy Chávez y de Aníbal Torres, jefe del Gabinete de Asesores de la PCM.
Posteriormente, Castillo pasó la llamada con el ministro Huerta, pero la comunicación se cortó en ese momento.
El comandante Raúl Alfaro le contó de la conversación a los generales Álvarez y Angulo.
“Di la orden de que la PNP tenía que garantizar el libre funcionamiento del Congreso y que el pedido de intervenir a la fiscal de la Nación era ilógico, se tenía que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el libre tránsito de los mismos”, agregó.
