Diversos gremios de transportistas acataron ayer un paro en Lima y Callao. La medida, que contemplaba la paralización de 22 mil buses, cústers y combis, fue anunciada días atrás por representantes como Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, y Martín Ojeda, de Transportes Unidos. El motivo: Los asesinatos a choferes y las constantes extorsiones de bandas criminales.
La jornada estuvo marcada por la incomodidad de miles de usuarios en busca de un transporte público para acudir a sus labores cotidianas.
La medida se acató de forma desigual en Lima y Callao: mientras en zonas como Lourdes-Pauca (Callao), Caquetá y Puente Nuevo hubo circulación de unidades, otras rutas suspendieron totalmente el servicio.
La PNP desplegó vehículos para apoyar a los usuarios y el transporte informal cubrió parte de la demanda. Por la tarde, el servicio empezó a normalizarse.
En ese contexto, se produjo una reunión entre los dirigentes y el presidente de la República, José Jerí. Este anunció la publicación de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato.
Encuentro
El mandatario se apersonó a la plazuela de Acho, en el distrito del Rímac, al promediar las 9:00 a.m. Junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, dialogó con los representantes del sector transporte, quienes lo esperaban desde las 7:30 a.m.
Durante el encuentro, Ojeda exhortó al dignatario a convocar una “reunión inmediata con los (representantes de los) tres poderes del Estado”. Más adelante, Jerí anunció la norma destinada a combatir la extorsión y el sicariato.
Según explicó el alto funcionario, la Ley 32490 estará lista el sábado 17 a más tardar y, “como máximo, será publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes” 19 de enero.
Con dicha publicación, se creará el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Este grupo de élite estará conformado por policías, fiscales y jueces. Dichos funcionarios serán sometidos a la prueba del polígrafo de forma semestral y a un régimen especial de seguridad.
