El Poder Judicial es utilizado para frenar las funciones y procedimientos del Congreso

La mesa de partes del Poder Judicial (PJ) se ha convertido en los dos últimos años en un receptor de constantes demandas contra el Congreso de la República, según información revisada por Correo.

Y es que más de uno ha intentado interferir en las funciones y decisiones que le competen exclusivamente al Poder Legislativo; esto mediante la presentación de recursos judiciales para detener procesos como la aplicación de una ley, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y el defensor del Pueblo, así como anular inhabilitaciones y vacancias.

Sin embargo, el escenario podría cambiar ahora que el TC ha resuelto una demanda competencial a favor del Congreso, fallo en el que anula resoluciones emitidas por el PJ en importantes casos.

Por ejemplo, da pie a que el Congreso pueda continuar con la elección del defensor del Pueblo y con las investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público; además, se podrá con la aplicación de las reformas del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

RECUENTO

A principios de julio de 2021, el abogado y hoy exministro de Defensa, Walter Ayala, presentó una demanda de amparo ante el PJ.

Su intención era detener la elección de los miembros del TC, proceso que el Congreso desarrollaba en ese momento.

Solo cinco días después de presentar su recurso, el PJ resolvió suspender de forma provisional la elección.

Y si bien la medida postergó el proceso, los integrantes del TC fueron electos en mayo del año pasado con el nuevo Congreso (ver infografía).

Así como se intentó interferir en la elección de un nuevo TC, también se hizo para quien asumiría la jefatura de la Defensoría del Pueblo (DP).

En mayo de 2022, el sindicato de trabajadores de la DP presentó una acción de amparo en la que cuestionaban el proceso para elegir al nuevo defensor, bajo el argumento de la falta de transparencia y vicios formales en el procedimiento parlamentaria.

Tres meses después, el PJ ordenó suspender la elección del defensor.

Actualmente, Eliana Revollar es la defensora interina mientras el Parlamento avanza con el proceso.

EXPRESIDENTES

Y si hablamos de expresidentes, estos han buscado aprovechar al máximo los recursos que permite la ley.

Por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra pretendió anular la inhabilitación que le impuso el Congreso para ejercer un cargo público por 10 años por el caso “Vacunagate”.

No tuvo éxito, el PJ declaró improcedente la demanda de amparo del exmandatario.

Otro exjefe de Estado que se ha valido del sistema judicial para intentar escapar de las graves acusaciones en su contra es el golpista Pedro Castillo.

El expresidente presentó -mediante su abogado Eduardo Pachas- un hábeas corpus para que se declaren nulos los procesos que realizaba en ese momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

El mencionado grupo de trabajo lo investigaba por el caso de presunta traición a la patria.

El PJ declaró improcedente su demanda.

Algo similar intentó el exmandatario contra la Comisión de Fiscalización del Congreso mediante la presentación de una demanda de amparo.

Su objetivo es que se declaren nulos todos los actuados de Fiscalización, grupo que lo investigó por diferentes casos de corrupción en su gestión.

Si bien el caso todavía no ha sido resuelto, el Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomendaba acusarlo por haber encabezado una presunta organización criminal.

Por último, Castillo Terrones presentó un recurso más ante el PJ en enero de este año.

Ya preso, el exmandatario inició una demanda de amparo contra José Williams Zapata, presidente del Congreso, con la única intención de anular la vacancia que lo destituyó de su cargo.

ANTECEDENTES

Un caso emblemático muy antiguo y recordado que tiene que ver con una medida presentada ante el sistema judicial a fin de suspender una decisión del Congreso, es el del legislador Javier Diez Canseco.

El parlamentario de la bancada Acción Popular Frente Amplio fue sancionado por presentar un proyecto de ley que beneficiaba supuestamente a sus familiares.

La Comisión de Ética lo halló culpable. Es así que en noviembre de 2012, el Pleno del Congreso lo suspendió por 90 días al encontrarlo culpable por haber incurrido en un conflicto de intereses.

El parlamentario recurrió al PJ, sin embargo, falleció el 4 de mayo de 2013 sin conocer el resultado final.

Si bien la decisión del sistema de justicia declaró ordenar nula la sanción en su contra en abril de 2013, el resultado se conoció meses después.

Por otro lado, está el caso del expresidente Alan García Pérez, quien presentó una demanda de amparo por la investigación que realizaba el Congreso en su contra.

El grupo de trabajo que encabezaba el legislador Sergio Tejada formó una “megacomisión” que investigaba el segundo gobierno de García Pérez sobre los denominados casos Business Track (BTR) y colegios emblemáticos.

Fue en 2014 que el Quinto Juzgado Constitucional anuló la declaración que dio el exmandatario ante la “megacomisión”, así como todos los informes finales aprobados en los que se impute alguna responsabilidad penal y/o infracción constitucional contra el expresidente García.

Cabe precisar que si bien el TC falló a favor del Congreso en la demanda competencial, todavía no se conoce con integridad la sentencia, lo que permitirá dilucidar mejor el panorama y establecer límites para quienes han utilizado el sistema de justicia

ANÁLISIS

El constitucionalista Natale Amprimo consideró ayer que las decisiones del Congreso no deberían ser objeto de demandas interpuestas por terceros ante el Poder Judicial (PJ), dado a que estas son netamente políticas e incluso porque su autonomía está respaldada por la Constitución Política.

Así respondió cuando Correo consultó su opinión sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el que favorece al Parlamento frente al Poder Judicial, en una demanda de competencial.

“Hay que entender que hay competencias que están determinadas por la Constitución, que son exclusivas del Congreso y que sus decisiones no pueden ser judicializadas”, refirió.

Consideró que la resolución constitucional es positiva porque es evidente el mal manejo que hubo en el Poder Judicial y cómo en el tiempo fue “instrumentalizado” por ciertas organizaciones no gubernamentales o jueces privisionales que responden a determinadas ideologías.

“Hemos tenido el abuso de medidas cautelares otorgadas por jueces determinados que son activos a ese tipo de demandas, pero en otras no”, manifestó.

De otro lado, criticó que una de las intenciones más palpables fue la de trabar el proceso de elección al nuevo defensor del Pueblo. Recordó que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría presentó recursos para sabotear el proceso del Parlamento.

El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola manifestó que el fallo de la citada institución ha restituido las atribuciones del Congreso, que en el tiempo se vieron alteradas por recursos judiciales con los que ciertos grupos intentaban sabotear las decisiones legislativas.

“El TC en esa resolución ha restablecido algo que había sido alterado. Con ese procedimiento competencial se ha tratado de lograr que la institución en su calidad de árbitro, dirima las competencias y le ha dado la razón al Parlamento”, indicó a Correo.

Consideró que así sean erradas o no, las atribuciones del Congreso están respaldadas por la Constitución y que bajo esa premisa no se puede judicializar ninguna decisión política.

Detalló que en conclusión lo que hizo el TC fue “restituir un derecho alterado, como lo era la elección de los magistrados, el defensor e incluso el hecho de investigar en el Parlamento a Jorge Salas Arenas”, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.

En resumen, refirió que el PJ estuvo trabando las funciones del Parlamento, por lo que luego opinó que “no se puede judicializar la política, ni politizar la justicia. Zapatero a su zapato”.