Walter Gutiérrez: “El presidente es un hombre sin ética, cree que todo está permitido”

¿A qué atribuye que el presidente, Vladimir Cerrón y la bancada de Perú Libre estén tan apurados para que usted se vaya?

El hecho es que la Defensoría del Pueblo es un órgano incómodo para aquellos que no cumplen con el marco constitucional. Yo soy un funcionario incómodo, desafortunadamente, para ellos. El mismo presidente lo ha dicho en su discurso donde desconoce las competencias de la Defensoría y, además, lamentablemente, miente porque dijo que nosotros promovíamos la vacancia y eso no es verdad. Lo que sí hemos dicho es que el presidente incumple la Constitución y eso es un concepto completamente distinto. El propio líder del partido de Gobierno, el señor Cerrón, ha sacado varios tuits diciendo que yo he amenazado con quedarme.

Es decir, para Perú Libre, para el Gobierno yo soy una amenaza. Me califican como una amenaza, como un riesgo, un peligro. He respondido que no deberían estar tan asustados. Yo ya puse punto final a mi gestión –no porque ellos me digan– en las próximas semanas voy a dejar el cargo porque yo lo he determinado. Y porque yo sí cumplo mi palabra y no estoy apegado al cargo, y porque no tengo ningún apetito de poder que no sea simplemente cumplir con mis competencias. Ahora, no crean que por que yo me voy, la Defensoría se va a desinflar, se va a arredrar, porque los funcionarios que quedan – estoy muy convencido- conocen muy bien sus competencias, sus responsabilidades, la línea y, probablemente, el tono respecto al estropicio que vienen haciendo con la administración pública.

En noviembre culminó mi mandato, yo dije que en seis meses iba a dejar el cargo. La instituciones tienen que sobrevivir a las personas. Yo creo en el cumplimiento de la palabra, coherente con eso voy a actuar.

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Este lunes (mañana) se va a debatir el tema de la vacancia. ¡Cuál es su lectura respecto del debido proceso, de la legalidad de este procedimiento?

Nosotros hemos tenido siempre una opinión distante de la figura de la vacancia porque es una figura bastante abierta, vasta, que se presta a arbitrariedades y que debe ser regulada. Debe ser acotada. No lo decimos a propósito de esta vacancia, lo hemos dicho desde hace años. No por que esté ahora esta vacancia sobre el tapete vamos a cambiar de opinión.

Sin embargo, sí quisiera señalar que, desafortunadamente, este Gobierno le viene haciendo un daño enorme al Estado, a la administración pública. Nadie, en tan poco tiempo, ha hecho tanto daño a la administración pública. El Gobierno del presidente Castillo está destruyendo la administración pública. Incumple el principio de la debida diligencia, de la buena administración, de la idoneidad de los funcionarios públicos. Esto afecta severamente los derechos, los servicios de la población.

Un ejemplo concreto es el Ministerio de Salud. Los seis ministros de Salud han dicho que hay más de 2 millones de vacunas a punto de vencer. Un millón que ya se venció en enero. Nos hemos pronunciado en enero sobre esto. Hemos pedido que informen sobre el plan de contingencia para que no se pierda ninguna vacuna y guardan un silencio inaudito. Evidentemente, esto responde al incumplimiento del presidente de los artículos 39 y 44 de la Constitución. No cumplir el principio de preservar la buena administración. Entonces, no tener buenos funcionarios afecta severamente a la ciudadanía. Mire, en este momento, existen 4.2 millones de personas con alta vulnerabilidad porque no tienen ninguna vacuna y 7. 1 millones tienen sola una dosis. O sea, 13.1 millones de personas en el Perú no tienen una protección total. Eso se debe a la designación de malos funcionarios. Lo mismo ocurre con Petroperú: los bonos de Petroperú hoy son chatarra debido a la mala designación de funcionarios. En plena pandemia, Essalud ha tenido tres presidentes. El ministro de Agricultura ha sido procesado por asesinato. Todo esto viola la Constitución.

Entonces, si bien la Defensoría no promueve la vacancia no se puede quedar callada respecto al cumplimiento del Art. 2 (libertad de prensa); el Art. 44 (buena marcha de la administración) o el Art. 118, Inciso 1, al no cumplir con respetar la Ley. El presidente y el ministro de Justicia (hoy premier) sacaron al procurador Soria violando la ley con una Decreto Supremo y eso está prohibido. Por todos lados han violado numerosa, reiterada, contumazmente la Constitución. Eso significa que el Congreso está habilitado para, a través del Art. 99 y 100, le abra un juicio político al presidente. De manera que, no es que promovamos la vacancia, pero sí decimos claramente que ha incumplido la Constitución.

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“Pareciere que entiende que la Constitución no existe”

Vuelvo a la pregunta. ¿En su lectura hay una alguna observación, objeción sobre la legalidad de este proceso de vacancia?

Vuelvo a insistir. Nosotros, respecto de la vacancia consideramos que este es un tema que ha sido llevado a un terreno político. El presidente no ha sabido enfrentar esta situación. En un comunicado nosotros le decíamos al presidente que reconduzca su gestión. El presidente fue al Congreso y no aclaró absolutamente nada. Ninguna autocrítica, etc. No quiero entrar al tema de la vacancia porque es un tema político. Pero lo que sí le voy a decir es que yo veo que el presidente es un hombre sin ética, que cree que todo está permitido. Pareciera que entiende que la Constitución no existe y, por lo tanto, que todo está permitido. Y la Constitución es un instrumento que alberga valores públicos y sociales que todos nos hemos comprometido a respetar y que le obliga a él a protegerla. No violarla. Es un hombre que no entiende la ética de la Constitución donde está la meritocracia, la igualdad, la lucha contra la corrupción.

Hablemos de la administración pública. ¿Este Gobierno ha rebajado los requisitos, filtros o recaudos para la designación de buenos funcionarios públicos?

Estoy convencido que el gobierno ha rebajado los criterios para la designación de funcionarios públicos. Nunca en mi experiencia en los últimos 50 años, en tan poco tiempo le han hecho tanto daño a la administración pública. Ahí están los ejemplos de Petroperú, el Ministerio de Salud, Migraciones, etc. No hay área que se salve, no hay. Parece que no comprende que el Estado no es un botín, una agencia de empleos, no es un partido político. La administración pública no es la de un club, ni siquiera la de una empresa, tiene que ver directamente con derechos y con servicios. Y ellos están afectando los derechos y los servicios de las personas. Nosotros lo dijimos el 4 de agosto del año pasado cuando se designó al primer gabinete. Allí hicimos una conferencia de prensa y le dijimos todo esto al presidente que tenía todo el derecho de elegir a su gabinete, pero tiene que hacerlo cuidando ciertos filtros.

Se lo dije personalmente porque me dio una cita el presidente. Y él me dio a entender que lo iba a corregir. Le voy a revelar algo. “Oiga, me dijo, Bellido es un buen hombre”. Le respondí que no era suficiente que los funcionarios sean buenas personas. Para conducir un avión no se convoca a una buena persona. Se necesita tener una formación, conocimientos y experiencia. En la administración pública usted tiene que conocer los reglamentos, las normas, las políticas públicas, las políticas sectoriales y no solo conocerlos sino tener experiencia. El país está complemente desordenado producto de la incompetencia de los funcionarios que ha nombrado este gobierno.

¿Encuentra responsabilidad por parte del Congreso en el tema de la rebaja de la meritocracia?

Desde luego que el Congreso tiene también una clara responsabilidad en este tema. Le pongo dos ejemplos. En ocho meses solo ha censurado a un ministro. Una de las funciones del Congreso es el control político. También la representación y la legislación. Está obligado a corregir todo este caos, desorden, esta afectación a la administración pública. No lo ha hecho. Porque son amateurs muchos de ellos. Otros parecen tener un nivel de cercanía, de vinculación subrepticia con el Gobierno -tarde o temprano se revelará-. En 8 meses, con más de 50 ministros, increíble, el Congreso ha estado cruzado de brazos.

Hay responsabilidad. Por otro lado, el Congreso tiene de su lado el principal acto de poder, el acto legislativo. Nosotros presentamos una iniciativa legislativa justamente para que no se nombre a altos funcionarios de la manera como se está haciendo. El Congreso la ha desdibujado, pero la ha aprobado y el Ejecutivo la ha observado. Yo le pido al Congreso que insista a fin de que se promulgue la Ley. Nosotros vamos a presentar otro proyecto de Ley aún más rígida porque el presidente no tiene la facultad de nombrar como la da la gana. No es un monarca, es un presidente, sus límites están en la Constitución.

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“Ha desestimado por completo la meritocracia”

Pasemos a la meritocracia. ¿La ha respetado, la respeta este Gobierno?

La ha desestimado por completo y ahí también, claramente, ha violado la Constitución. El presidente no cree en la meritocracia. La educación en el mundo se basa en la meritocracia, en construir una habilidad blanda en los jóvenes a partir de lo cual tratan de desarrollar determinadas habilidades y conocimientos para ir escalando en función de los méritos, del esfuerzo. Bueno, el presidente no cree en eso. Increíblemente, le han hecho un daño terrible a los jóvenes. Este es el país que más tarde ha regresado a clases. Y, además, este Gobierno ya tiene 8 meses. La pandemia tiene dos años. No pueden decir “acabo de llegar”. Es un baldón, un crimen, que los chicos no regresen a las clases en mejores condiciones de infraestructura. Por supuesto que el presidente no cree en la meritocracia.

Usted cuestionó a Fiscalía de la Nación por negarse a investigar al presidente hasta que culmine su gestión. ¿Se reafirma en esta posición?.

Totalmente. En el caso del presidente Castillo hay más que indicios. Además, los hechos sobre los cuales existen dudas, sospechas, son sobre su gestión. No es como el caso de Martín Vizcarra que fue cuando era gobernador. O el caso de Kuczynski que era ministro. No. Aquí se trata de la gestión, de su secretario general, de sus familiares, de proveedores. Nosotros consideramos que el Ministerio Público está perfectamente habitado para investigarlo. Otra cosa es procesarlo. Esperemos que ahora que habrá un cambio en la Fiscalía de la Nación se haga una lectura distinta del Art. 117 de la Constitución

Su opinión personal sobre el presidente Castillo ¿Cuál es su retrato de Pedro Castillo?

Yo creo que el presidente no entiende la ética que está alojada en la Constitución del Estado. Parece que no entiende, no comprende bien la función pública. Claramente es un funcionario que carece de las más mínimas competencias para una responsabilidad tan grande. El presidente debe ser lo más honesto posible y comprender que este es un cargo que lo ha desbordado. Está más allá de sus posibilidades. Por eso yo le dije en un momento que debía renunciar. Pero para renunciar se requiere de tres cosas. Se requiere ser responsable y darse cuenta que esto está más allá de sus habilidades. Segundo, ser leal con el mandato de la Constitución y, tercero, tener el valor para tomar esta decisión. El presidente, lamentablemente, no ha demostrado tener ninguna de estas tres características.

“Quien tiene que liderar la lucha contra la corrupción es el presidente”

El Despacho presidencial se ha negado por segunda vez a entregar la lista de los visitantes de Sarretea. Su opinión.

Hasta ahora lo viene incumpliendo. Quiere decir que él no conoce el valor de la transparencia, lo rechaza. La transparencia es un principio, un valor que tiene una relación directa con el combate contra la corrupción. El Tribunal Constitucional ha dicho que es un derecho de la ciudadanía vivir en una sociedad libre de corrupción y quien tiene que liderar esta lucha es el presidente de la República. Y el secretario general del Despacho presidencial está subordinado al presidente. No puede parapetarse detrás del Despacho. Él es el jefe.

Breve balance de gestión

Le pido destacar dos aspectos centrales que singularizan la gestión que usted ha desarrollado en el cargo de Defensor del Pueblo.

La primera supervisión que realizamos en octubre de 2016 fue justamente el sistema de salud. Encontramos el sistema de salud realmente colapsado y dimos cuenta de esto desde el primer momento al presidente Kuczynski, luego a Vizcarra, luego a Sagasti. Y los resultados son los que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Cuando mi gestión empezó a ocuparse del tema de la salud, muchas personas señalaban que no era propiamente una labor de la Defensoría del Pueblo. Se equivocaron complemente. Miremos lo que ha pasado en la pandemia.

La segunda cosa que me gustaría destacar es que nosotros reforzamos la función de la Defensoría como un órgano de contrapoder, de contrapeso y, en todos estos años, a propósito de que el gobierno de PPK quiso indultar a Fujimori, saltándose procedimientos – no es que no lo podía indultar -. Y luego con Vizcarra cuando cerró el Congreso. Lo mismo con Sagasti cuando quiso concentrar algún tipo de competencias. Y ahora con Pedro castillo. En una palabra, la Defensoría es un contrapeso, un contrapoder. Eso está en la parte final del Art 162 de la Constitución y también lo ha dicho el Tribunal Constitucional refiriéndose a la Defensoría, la Contraloría y el Ministerio Público como contrapoderes. En resumen, diría que nuestra gestión se ha caracterizado por fortalecer líneas de trabajo que el momento ha demandado: salud, educación, violencia contra la mujer y, por otro lado, una función de contrapoder, de contrapeso al poder político.

El estado de la libertad de expresión. ¿Cuál es la parte medular del reporte que publicará en los próximos días la Defensoría?

Quiero recordar que hace dos meses, cuando el Gobierno del presidente Castillo cumplía seis meses de gestión, hicimos una supervisión sobre la libertad de expresión en el Perú. Y planteamos siete indicadores que se basaban en estándares nacionales como internacionales. Por ejemplo, el de facilitar el trabajo de los medios de comunicación para que puedan transmitir información a la ciudadanía, y varios estándares entre ellos proteger la vida, salud, integridad de los periodistas. Ninguno de los estándares se cumplía en ese momento, y se lo hicimos saber al presidente. Enviamos una comunicación, nunca nos han contestado, y ahora vamos a sacar, cumplidos ocho meses de gobierno, un informe de seguimiento, es decir cómo han evolucionado estas recomendaciones, cómo ha evolucionado el Gobierno respecto del cumplimiento de esos estándares. No son estándares jurisprudenciales solamente. Son normas de carácter constitucional.

Es decir, que el presidente, el Gobierno, no las cumpla, significa que están trasgrediendo la Constitución. Es la trasgresión del Art. 2 de la Constitución, un hecho particularmente grave. Había, hace meses esta situación, pero ahora es más grave todavía: nosotros advertimos que continúa esa situación. Hemos constatado que esta situación contra la prensa se ha agudizado (acaban de agredir físicamente a una periodista) hemos visto, además que hay una narrativa violentista contra los periodistas. El propio presidente de la república en los mítines azuza a la población, poniendo en riesgo la vida de estos profesionales. Es un hecho flagrante, inadmisible para un mandatario que claramente desconoce sus obligaciones, sus límites respecto de un tema tan importante. Esta semana que viene presentaremos un proyecto de ley para que el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) deje de formar parte del Ejecutivo.