Durante las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 2 de octubre, el Centro de Monitoreo y Alerta registró un total de 147 personas intervenidas por diversos delitos. (Foto: Ministerio Público)
Durante las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 2 de octubre, el Centro de Monitoreo y Alerta registró un total de 147 personas intervenidas por diversos delitos. (Foto: Ministerio Público)

El Ministerio Público ha dispuesto el despliegue de más de 1000 fiscales para prevenir y perseguir los delitos electorales antes, durante e inmediatamente después de la Segunda Elección Regional, a realizarse en 9 regiones del país el próximo domingo 4 de diciembre.

Los fiscales, de los 17 distritos fiscales donde se llevarán a cabo las elecciones, se encuentran en estado de alerta y vienen realizando acciones de prevención y coordinación con los organismos electorales, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la identificación de situaciones de riesgo, así como de acciones u omisiones que afecten el proceso electoral e impliquen la vulneración de la normatividad penal vigente.

El personal del Ministerio Público se hará presente en los locales de votación de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura, donde ninguna lista de candidaturas superó el 30% de los votos válidos que exige la ley en las elecciones del 2 de octubre.

A través del Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público se realizará un seguimiento en tiempo real de las acciones que vienen desarrollando los fiscales en todo el país, y se recopilará y analizará la información que llegue de todos los distritos fiscales.

El consolidado nacional de dicha información sobre lo reportado en la jornada electoral estará a cargo del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.

Durante las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 2 de octubre, el Centro de Monitoreo y Alerta registró un total de 147 personas intervenidas por diversos delitos electorales, de los cuales el más recurrente fue el delito de suplantación de identidad de los votantes, con un total de 112 personas intervenidas en todo el país.

Cabe indicar que el Ministerio Público interviene frente a algún incidente que obstruya, perturbe o atente contra el desarrollo del proceso electoral y que implique la comisión de ilícitos penales contemplados en el Código Penal o en la Ley Orgánica de Elecciones.

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