Un informe de Cuarto Poder reveló este domingo la serie de irregularidades logísticas y tecnológicas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril en Lima y Callao. La distribución del material electoral, la contratación de la empresa Galaga y la implementación fallida del sistema tecnológico STAE se convirtieron en los tres grandes eslabones de una cadena de fallas que dejó a más de 63 mil ciudadanos sin poder ejercer su voto durante horas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contrató a la empresa Galaga S.A.C. por más de 6 millones de soles para la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao, pese a que la empresa presentó la oferta económica más elevada entre los postores. Galaga ofertó S/ 6 368 332, mientras que AFE planteó S/ 5 898 928 y Hermes S/ 6 200 184.
Según el informe periodístico, en las bases originales de la licitación, la ONPE exigía que los camiones tuvieran una capacidad mínima de 10 metros cúbicos, pero durante la evaluación los criterios se modificaron: los representantes de la institución determinaron descontar dos metros correspondientes a la cabina del conductor. Las empresas Hermes y AFE (con camiones blindados, personal capacitado y flotas modernas) vieron reducida la capacidad acreditada de sus vehículos con ese nuevo criterio y quedaron fuera; Galaga, en cambio, cumplía con las condiciones modificadas y así fue como se le adjudicó la buena pro.
Adicionalmente, se incorporó una cláusula que otorgaba mayor puntaje a la empresa que acreditara titularidad sobre 68 vehículos, por encima del mínimo exigido de 40. Galaga cumplió ese requisito y ganó la licitación, pese a que en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT figura con apenas 13 trabajadores.
Galaga presenta penalidades previas
Los antecedentes de Galaga con la propia ONPE no eran desconocidos al momento de la contratación, en procesos electorales anteriores, la institución ya le había impuesto tres penalidades por un monto total de 64 000 soles. Una vez iniciada la jornada, la Contraloría General de la República identificó nuevas irregularidades en la ejecución del contrato.
El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, señaló que el proveedor incorporó conductores no acreditados al servicio sin la validación correspondiente. Vera Coronel precisó que “algunos de ellos contaban con infracciones muy graves durante los 12 meses” previos a la elección, y que la empresa cambió conductores a discreción sin notificarlo a la ONPE, en contravención directa al contrato suscrito.
Chats internos de la ONPE expusieron la desorganización interna
Los hechos ocurridos el pasado 11 de abril (un día antes de los comicios) quedó registrado en conversaciones de WhatsApp entre conductores de Galaga, coordinadores de la empresa y funcionarios de la ONPE. Desde las 7 de la mañana, un conductor reportaba su ubicación con fotografías; casi doce horas después, informó que se encontraba cerca a su destino.
A la medianoche, cuando el cronograma indicaba que todo el material debía estar en los centros de votación, decenas de unidades continuaban sin despachar. El gerente de Galaga, Juan Alvarado, envió un mensaje de emergencia al entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang , quien fue suspendido de su cargo, para solicitar la salida de los vehículos vacios.
Otro chat grupal de coordinación dejó constancia de la ausencia de comisionados de la ONPE y de efectivos policiales para acompañar los furgones.
Fallas en el Sistema STAE de la ONPE
Cabe señalar que la ONPE presentó el Sistema STAE como una plataforma digital para el conteo de votos y la elaboración de actas, con cobertura en Lima Metropolitana y el Callao. Para su implementación, se adquirieron laptops e impresoras por 41 millones de soles, con entrega completada por la empresa SIVCORP el 10 de septiembre de 2025.
El representante de SIVCORP, Marcos Sayán, confirmó al programa que los equipos fueron entregados según lo pactado, precisando que “la orden de compra tiene fecha 14 de julio del 2025 y culminó el día 10 de septiembre del 2025” y que “cuando ellos reciben los equipos, tienen que dar una conformidad de los bienes.” Pese a disponer de los 31 234 equipos desde hace seis meses, la ONPE no los puso a prueba ni los embaló oportunamente.
El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera Coronel, explicó que el problema fue más allá del retraso logístico, al señalar que “ese material de cómputo no coincide a los enchufes o no llegaron los enchufes”, lo que impidió la instalación en los tiempos previstos. Las fallas también incluyeron laptops sin conexión a internet, equipos que no reconocían los códigos de acceso e impresoras con cartuchos de tinta de corta duración.
