La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (primer despacho) del Ministerio Público ejecutó diligencias en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en su almacén principal en Lurín.
El propósito fue verificar la legalidad de las firmas de votantes registradas en el material electoral distribuido y recopilado durante los comicios del 12 de abril.
Estas acciones forman parte de la investigación liderada por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, por el presunto delito de colusión agravada. La Fiscalía lo comunicó a través de sus redes oficiales, destacando la relevancia de las diligencias para recabar pruebas.
La pesquisa involucra al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto; a José Samamé y otros implicados. Se centra en presuntas contrataciones irregulares relacionadas con el traslado de material electoral utilizado en la jornada electoral.
Durante las diligencias, los fiscales recopilaron documentación clave y examinaron las firmas de votantes en los padrones y actas electorales. Esto busca determinar si hubo irregularidades en el proceso de validación durante los comicios.
Las intervenciones se concentraron en las instalaciones centrales de la ONPE y el almacén de Lurín, donde se resguarda el material electoral postelectoral. Hasta el momento, no se han reportado avances públicos adicionales en la indagación.
Esta investigación podría cuestionar la integridad de los resultados electorales del 12 de abril y erosionar la confianza pública en las instituciones electorales. Autoridades de la ONPE no han emitido pronunciamientos oficiales al respecto.
