La bancada Renovación Popular envió el 4 de mayo, un oficio al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, en el que solicitó la suspensión de la proclamación de los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El grupo político argumentó que miles de ciudadanos habrían visto vulnerado su derecho constitucional a sufragar, y que es necesario garantizar el correcto funcionamiento de los organismos electorales antes de validar cualquier resultado.
Además de la suspensión de la proclamación, los congresistas exigen que dicha medida se mantenga vigente hasta que se conozcan los resultados de una auditoría internacional al proceso electoral. El documento lleva la firma digital de diez congresistas de la bancada, entre ellos Alejandro Muñante Barrios, Cheryl Trigozo Reátegui, Norma Yarrow Lumbreras, Jorge Zeballos Aponte, Patricia Chirinos Venegas, Diego Bazán Calderón, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Noelia Herrera Medina, María Jauregui Martínez de Aguayo, María Jessica Córdova Lobatón y Esdras Medina Minaya.
Piden auditoria con firmas internacionales
Como se recuerda, el JNE dispuso el pasado 2 de mayo una “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales, con el acompañamiento de un Comité Académico integrado por representantes de la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad de Lima. Sin embargo, para Renovación Popular esa medida no es suficiente para garantizar la imparcialidad del proceso.
Al respecto, la bancada solicita que la auditoría dispuesta por el JNE no sea realizada por el comité anunciado sino por una firma internacional de prestigio que garantice transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad. Los legisladores proponen cuatro firmas auditoras para llevar a cabo el trabajo: PwC (PricewaterhouseCoopers), EY (Ernst & Young), KPMG y BDO (Binder Dijker Otte).
Según explicaron, solo una entidad internacional y de reconocida trayectoria puede ofrecer la credibilidad suficiente para salvaguardar el derecho constitucional de elegir y ser elegido, proteger la democracia y restaurar la confianza ciudadana en los organismos electorales.
“Solicitamos que esta auditoría sea llevada a cabo por una firma internacional de prestigio que nos garantice transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad en salvaguarda al derecho constitucional de elegir y ser elegido, a nuestra democracia y a la confianza ciudadana en nuestros organismos electorales”, se lee en el documento.
Esta solicitud se enmarca en la misma línea que viene sosteniendo su líder, Rafael López Aliaga, quien presentó públicamente un informe forense digital elaborado por la consultora Secretariat que identificó 805 mesas con inconsistencias entre los votos presidenciales y congresales de su partido. López Aliaga advirtió también sobre vulnerabilidades en los servidores de la ONPE y diferencias de hasta 30 horas entre el registro original de actas y su publicación oficial, calificando la situación como un “atentado a la voluntad popular” y anunciando que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para solicitar la nulidad de las elecciones.
