La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado mediante sus redes sociales. (Foto: Andina)
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado mediante sus redes sociales. (Foto: Andina)

La Defensoría del Pueblo se dirigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y les demandó que tengan planes para prevenir y sancionar al acoso político en contra de la mujeres en este proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

A través de un comunicado, la entidad enfatizó en que el propio JNE emitió un informe en el que detallan que 47% de candidatas de las últimos comicios regionales y municipales se enfrentaron a alguna situación de acoso.

El 7 de abril de 2021 se aprobó la ley 31155, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, la cual dictó obligaciones a diversas instituciones, entre las cuales se encuentra el MIMP y el JNE”, recordó la Defensoría.

En ese sentido, señaló que el Ministerio de la Mujer estableció que se debían realizar acciones para promover la participación de las mujeres, registrar los casos de acoso político y brindar asistencia al resto de organismos que se mencionan en la norma.

Para cumplir esta obligación, urge que el programa Aurora atienda esta problemática enfocándose en sus particularidades, para lo cual es necesario un protocolo de atención que debe ser aplicado por los centro de emergencia mujer. No obstante, a la fecha ese protocolo no se encuentra aprobado”, agregó.

Asimismo, la Defensoría puntualizó que esta norma introduce en la Ley Orgánica de Elecciones una multa a quien impida el ejercicio de la participación política a un afiliado de una organización la cual debe ser reglamentada por el JNE. Sin embargo, enfatizó en que este organismo electoral determinó no reglamentarla y no ha tomado medidas alternativas frente al acoso político que se puedan presentar en el actual proceso.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo observa con preocupación solicita al MIMP y al JNE cumplir con diligencia y proactividad con sus obligaciones para una efectiva protección de la mujeres frente a esta modalidad de violencia”, aseveró la institución en el pronunciamiento.