Eloy Espinosa-Saldaña pidió que se deje a los magistrados del TC hacer su trabajo y luego que se critiquen sus resoluciones. (Foto: Piko Tamashiro/GEC)
Eloy Espinosa-Saldaña pidió que se deje a los magistrados del TC hacer su trabajo y luego que se critiquen sus resoluciones. (Foto: Piko Tamashiro/GEC)

Cinco votos se necesitan para declarar inconstitucional una ley por el Tribunal Constitucional. Si no se consiguen, entonces se ratifica la legalidad de la norma.

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Así lo señaló el magistrado del TC, Eloy Espinosa-Saldaña, tras explicar el procedimiento que se seguirá en caso el Poder Ejecutivo presente una demanda contra la autógrafa de ley que establece que las reformas constitucionales sometidas a referéndum sean aprobadas previamente por el Congreso.

“La ley es muy clara: si no se consiguen los cinco votos, la demanda se declara infundada. Es decir, se considera rechazada en el fondo del sentido, y la norma que ha sido impugnada se considera constitucional”, refirió Espinosa-Saldaña a RPP.

El magistrado precisó que si el Ejecutivo presenta la respectiva demanda, el TC designará a un vocal ponente dentro de los seis integrantes del máximo intérprete de la Carta Magna para abocarse de manera exclusiva al caso.

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Luego, dijo que la demanda será enviada al Legislativo para que responda en un plazo de 30 días hábiles por escrito. “Con la respuesta del Congreso, se convoca a una audiencia para que los seis magistrados escuchen las posiciones de ambas partes. Después resolveremos”, detalló.

Espinosa-Saldaña añadió que una respuesta final del TC, en este caso, podría llegar en tres a cuatro meses, “dependiendo de cuánto tiempo demora la respuesta del Congreso”.

CONTEXTO. La norma en cuestión fue aprobada por insistencia por la Comisión de Constitución del Congreso el último martes, tras la observación del Ejecutivo. El texto se refiere a las observaciones a la autógrafa de la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, ley de los derechos de participación y control ciudadanos.