Luego que Alberto Otárola comunicó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el Estado peruano no admite a trámite las peticiones realizadas por sentenciados por terrorismo, el representante del Perú ante este órgano internacional, Gustavo Adrianzén, se sumó a este pedido.
Otárola cuestionó que la CIDH haya admitido a trámite las denuncias de los subversivos condenados Florindo Eleuterio Flores Hala y Víctor Polay Campos. En esa línea, Adrianzén suscribió las declaraciones del primer ministro.
“El primer ministro ha sido enfático en que en el Perú no vamos a aceptar, bajo ninguna manera, ningún tipo de decisión que signifique beneficio para estos delincuentes terroristas”, declaró a RPP.
“He sido testigo cuando el premier, dirigiéndose a la presidenta de la CIDH, reafirmó la voluntad del Estado peruano de mantenerse dentro del sistema, respetando las decisiones; pero guardando la libertad de discrepar con aquellas decisiones con las que no tengamos coincidencia, como decisiones vinculadas a líderes terroristas respecto de cualquier tipo de beneficio procesal que se les pueda conceder desde la CIDH”, añadió.
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