La contradicción entre el discurso y el historial legislativo de Juntos por el Perú (JP) se ha convertido en uno de los flancos más vulnerables de la campaña de Roberto Sánchez.
Su voto a favor de la Ley 31989, calificada por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) como promotora del crimen organizado, convive con un plan de gobierno que promete derogar normas de ese mismo talante.
Para el abogado y analista político Enrique Ghersi, esa contradicción no es un error político: es una política deliberada.
La Ley 31989, que restringe la capacidad policial para intervenir en minería ilegal, ¿puede catalogarse como una “ley procrimen”?
Sí, la única “ley procrimen” que conozco es el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), ampliada muchas veces, cuyo autor es Roberto Sánchez. Es una ley inaceptable que le da inmunidad absoluta frente a sus responsabilidades penales, administrativas y ambientales. Sánchez es el principal propulsor de estas actividades, que se encuentran muy presentes en su campaña. Es un gran cinismo sostener ahora que él está en contra del crimen, cuando lo ha favorecido inequívocamente.
Desde su punto de vista, ¿existía alguna necesidad real de aprobar esa norma o fue una concesión política a determinados sectores?
Ninguna necesidad técnica ni legal. Ha sido la legalización de la invasión y del crimen. Es la legislación más monstruosa que haya sido aprobada, porque le da inmunidad absoluta a personas que matan, usurpan y extraen mineral violando las leyes y los derechos de los demás.
Sin embargo, en el llamado debate técnico, su partido reiteró su compromiso de derogar las “leyes procrimen”. ¿No hay ahí una contradicción?
Absolutamente. Los señores que hablaron en ese debate no tenían la menor idea de lo que estaban hablando. Solo repetían consignas políticas.
Asimismo, al menos cuatro congresistas que postularon al Senado con JP apoyaron leyes que su propio plan de gobierno promete derogar. ¿Es un actuar consecuente?
Es consecuente con sus intereses económicos; ellos representan a los mineros ilegales, que están tomando por asalto el Poder Legislativo. En muy poco tiempo vamos a estar extrañando al Congreso actual.
Al respecto, Sánchez trató de justificarlo diciendo que en JP hay distintas posturas y que “cada quien tiene que dar cuenta de sus actos” ¿Eso lo exime de responsabilidad?
Para empezar, él mismo tendría que dar cuenta y no estar esquivando su responsabilidad en los demás. Un partido es una estructura jerárquica. Sánchez nos quiere hacer creer que JP es un club departamental, y nadie puede tomarlo en serio. Lo que ocurre es que Sánchez no controla a Antauro (Humala) ni a los antauristas, y prefiere excusarse de esa forma. No lo logrará. Antauro es el lastre que lo hará sucumbir políticamente. Tarde o temprano, lo llevará a la cárcel.
Sánchez argumenta que la Ley 31989 no figura entre las normas señaladas por la Fiscalía como “procrimen”, aunque el CAL sí la incluye. ¿Es válida esa distinción?
No. Es la “ley procrimen” por excelencia. Sánchez es esclavo de sus acciones y sus lealtades. Tiene que asumir su responsabilidad. No va a poder evitarlo.
Desde una perspectiva jurídica y política, ¿puede Sánchez desmarcarse hoy de los efectos de una ley que contribuyó a aprobar?
Hay que distinguir. Desde el punto de vista jurídico, los parlamentarios son inmunes por sus votos y no están sujetos a mandato imperativo. Pero desde el punto de vista político, la responsabilidad es indesligable. Sánchez es el arquitecto que ha levantado la estructura de defensa del crimen organizado en el Perú. Como tal, no puede gobernar.
Aunque él sostiene que defiende la minería artesanal y no la minería ilegal. ¿Es cierto?
Es un argumento retórico; no existe tal cosa como la minera artesanal. El que invade un socavón, mata gente, extrae mineral contaminando, soborna autoridades, no paga impuestos y organiza una red de lavado no es un artesano, es un criminal.
