El constitucionalista Enrique Ghersi analiza la última crisis política en la que se ha visto inmersa la presidenta Dina Boluarte por el “Caso Rolex” y opina sobre diversos aspectos de la agitada política nacional.
¿Cree usted la versión de la presidenta Boluarte sobre el origen de los Rolex?
No, en absoluto. Me parece más una coartada que una versión. Es una coartada porque está llena de contradicciones. Tanto antes como después hay contradicciones con ella misma. Su primera declaración fue decir que los famosos relojes provenían “de antaño” y eso es totalmente contradictorio con la versión que ha dado ayer (viernes). De otro lado, el propio (Wilfredo) Oscorima, que supuestamente le habría prestado estos relojes, ya había dicho que todo era “una patraña para perjudicar a la presidenta”. Sinceramente, creo que la presidenta ha ido agravando su situación con estas coartadas.
¿Cuál es su análisis de esta crisis política?
Acá hay que verlo en dos niveles. A nivel jurídico y político. En primer lugar, tenemos un problema serio porque ya el Ministerio Público (MP) ha abierto una carpeta donde está investigando presuntos hechos delictivos. Si la presidenta fuera encontrada responsable de algún hecho delictivo, el MP tendrá que reservar la acusación hasta que deje el cargo, pero la puede seguir investigando, lo que implica no solamente investigarla a ella, sino también al señor Oscorima, quien sería el que le ha prestado el reloj.
No hay nada, políticamente, más grave que una contradicción porque deja en evidencia una mentira."
¿Y en el segundo nivel?
La responsabilidad política es evidente porque está mintiendo descaradamente delante de todos los peruanos. Resulta absolutamente inverosímil que diga que le han prestado un reloj. Francamente, han debido buscar una coartada un poco más verosímil, sobre todo porque se contradice. No hay nada más grave políticamente que la contradicción porque deja en evidencia una mentira. Luego están esas fotos en la puerta de Palacio con los altos mandos militares, ¿eso qué era? Un intento de intimidación a la prensa, al Poder Judicial, al MP. Francamente sospechoso. Ese camino que buscaba la presidenta era un camino de confrontación, de pretender ‘guapear’, como se dice criollamente, para que dejen de investigarla. A medio camino se dio cuenta que estaba profundizando su error político y ha cambiado de versión, entonces ahora salió con la coartada del préstamo. Francamente, su actitud, desde el punto de vista político, es reprobable.
¿Llega la presidenta al 2026?
El Congreso da la impresión, por lo menos hoy día, que no está dispuesto a entrar al tema de la vacancia. Bueno, tendrá sus razones, pero acordémonos de una cosa: el apoyo del Congreso es siempre volátil. Entonces dependerá de cómo avanzan las investigaciones del Ministerio Público y de la prensa pues si se revela más información comprometedora, dudo que el Congreso quiera cargar con la responsabilidad de sostenerla incondicionalmente a Dina.
Digamos que la vacan, ¿quién cree usted que podría suceder a Boluarte?
Si se produjera una vacancia, que es una hipótesis negada por ahora porque no se ven intenciones en el Congreso en ese aspecto, pero si pasara, hay que aplicar estrictamente la Constitución. Entonces, corresponde que el presidente del Congreso asuma la presidencia y convoque a elecciones inmediatas. Hoy día es el señor (Alejandro) Soto, pero en dos meses van a haber elecciones para elegir un nuevo presidente del Congreso. Entonces, quien ocupe la presidencia del Congreso podría ocupar interinamente Palacio de Gobierno.
¿Daría un nombre?
No me atrevería. En todo caso, si se produjera (una eventual vacancia) esperamos que la elegida sea la persona más responsable y adecuada porque, en el supuesto negado de si se produce una crisis institucional, va a encabezar un proceso de elecciones transparente, que fue el gran problema con el presidente Sagasti. Él no encabezó un proceso de elecciones transparente. Eso está cuestionado hasta hoy. El señor Jorge Salas Arenas (presidente del Jurado Nacional de Elecciones) se va fin de año y la Corte Suprema tiene que designar a otro presidente del JNE, pero también corresponde la elección de un nuevo jefe de la ONPE y un nuevo jefe del Reniec, y estos deben ser elegidos por la cuestionada Junta Nacional de Justicia, entonces aún hay complicaciones en ese sentido.
¿Qué opina de las declaraciones de Jaime Villanueva en las que afirma que, en plena segunda vuelta, el JNE enviaba resoluciones de impugnaciones al fiscal Rafael Vela para que las revise?
Es muy grave, de hecho ya el fiscal de la Nación, el doctor Juan Villena, ha presentado una acusación constitucional contra el señor Salas Arenas. Entonces, estas declaraciones deben verse en el contexto de la denuncia que ha presentado el fiscal de la Nación y sería importante que el Congreso priorice una decisión porque con esto ya el señor Salas Arenas podría quedar inhabilitado inmediatamente y adelantar el proceso de elección de un presidente del JNE.
¿Se debería reformar el sistema de justicia?
Soy un partidario de que cualquier reforma constitucional que se haga, porque para esto necesitas una reforma constitucional, sea una reforma muy pensada y trabajada. He expresado públicamente que soy un partidario de la elección popular de los fiscales, como en Estados Unidos. Creo que los fiscales deben responder a alguien, al electorado para no convertirse en una casta que ejerce el poder irresponsablemente sin que nadie les tome cuentas. Los fiscales que en el Perú tienen un monopolio, el monopolio de la acción penal, yo creo que eso es un monopolio equivocado, malo, dañino y debe eliminarse constitucionalmente. Pienso también que debe haber participación popular en la administración de justicia, es decir, establecer el sistema de jurados que pueden ser tribunales mixtos, al estilo alemán, esos se llaman los tribunales escabinos, porque de esa manera le das legitimidad al único poder del Estado que no tiene participación popular.
En el caso de los fiscales, ¿cómo se frena esta lucha en el Ministerio Público?
Eso es consecuencia del exceso de poder. El monopolio le ha dado tal fuerza al Ministerio Público que pueden encausar a quien quieran y esta concentración de poder en señores no elegidos democráticamente, además, produce estos pleitos, que son muy lamentables. Estoy seguro de que en el Poder Judicial también hay diferencias, pero no se producen estos pleitos públicamente. Mantienen en reserva sus discrepancias. En cambio, el Ministerio Público está en guerra civil permanente y eso está muy mal.
Y esto afecta a las investigaciones, específicamente a las emblemáticas de corrupción...
Por supuesto, primero porque ensombrece en su transparencia y en segundo lugar porque da la impresión de que están políticamente dirigidas. Ha habido muchas denuncias de los abogados de Nadine Heredia, de Ollanta Humala, de Keiko Fujimori, de Alberto Fujimori sobre una manipulación política de las investigaciones. Entonces abona en favor de esa tesis el hecho de que el Ministerio Público está en guerra civil permanente desde hace más de una década y eso es consecuencia de una inadecuada estructura institucional. Es indispensable poner coto a esta situación de absoluto caos en el Ministerio Público.
¿Qué opinión tiene respecto a que ningún ministro haya renunciado por el caso Rolex e incluso haya ministros, como Hania Pérez de Cuellar, que se confesó compradora de piratería para defender a la presidenta?
En el caso de la ministra Pérez de Cuéllar su coartada era bastante más criolla, diría yo, que la que nos ha contado la presidenta sobre todo porque ella ha sido presidenta de Indecopi y resulta bastante gracioso ver a una expresidenta de Indecopi fomentando la piratería. Eso es algo que nunca he escuchado en mi vida, pero entiendo que los ministros por lealtad política hayan querido mantener un prudente silencio en general...
Pero una cosa es el silencio y otra inmolarse...
Mire, ahí hay dos cosas. La primera es mejor guardar silencio en vez de mentir tanto desde el punto de vista político y jurídico, y en segundo lugar es un hecho que lamentar porque en política toda acción tiene un costo y todo costo se paga. Entonces, este apoyo político incondicional que se le da a una presidenta que no está diciendo la verdad va a tener un costo político enorme para el Gobierno y también para los sectores democráticos del Congreso. El periodista Juan Carlos Tafur ha dicho que la derecha parlamentaria va a pagar un costo político enorme por este apoyo incondicional a la señora Boluarte. Entonces yo los invito a reflexionar y, a la luz de las investigaciones del MP, pensar muy bien lo que están haciendo porque no tiene ningún sentido dar un apoyo incondicional a una persona que evidentemente no dice la verdad.
Ha tocado el punto de cómo la derecha vota con la izquierda en el Legislativo, ¿es esto el llamado fujicerronismo?
Están tomando una serie de decisiones demagógicas y contradictorias en el Congreso. De un lado hay algunas leyes muy buenas como la modificación de la Ley Forestal, por ejemplo, con la que la izquierda ha saltado hasta el techo, pero es una modificación no solamente muy inteligente sino eficiente y correcta, pero también este mismo Congreso toma decisiones increíbles como la de los maestros que va a acabar en el Tribunal Constitucional o toma decisiones como la de la minería informal. Hay pactos, yo diría, punto por punto, y negociados de los distintos grupos parlamentarios según sus intereses. Eso revela una falta de coherencia ideológica de ambos. Hay que actuar programáticamente y dedicarse a hacer las reformas económicas que necesita el país para favorecer la inversión privada, responsablemente, y hay que actuar, no en base al cálculo político, sino a las necesidades del país. Entonces, una política sin principios sólidos no es una política sino es una aventura y lo que debemos evitar en nuestro país es caer en manos de la aventureros. Debemos construir alternativas sólidas, de largo plazo, como la única manera de salir del subdesarrollo.
“Han evitado incurrir en un delito”
Para Enrique Ghersi, la defensa de Dina Boluarte se habría decantado por la tesis del préstamo “o del comodato” de los Rolex porque así los desvincula de su patrimonio. “Han buscado una figura que le permita a la presidenta decir ‘yo no omití una declaración’, porque eso es delito, y que tampoco forman parte de su patrimonio con lo cual no se configura el enriquecimiento ilícito”, aseveró.
