Falta poco menos de un mes para que la presidente de la República, Dina Boluarte, cumpla un año de gestión. El inicio de su mandato constitucional fue el siete de diciembre del año pasado, luego de que un golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo derivara en su vacancia.
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Después, diversas movilizaciones sociales intentaron desestabilizar a un régimen que, finalmente, obedecía a una sucesión constitucional.
Ahora, Boluarte enfrenta otra atmósfera, bastante enrarecida, asediada por la indomable inseguridad ciudadana y la inclemente recesión económica. Sobre estos temas, Correo buscó la opinión y el agudo análisis político del jurista Enrique Ghersi.
En su opinión ¿Ejerce la presidenta Dina Boluarte un liderazgo firme desde Palacio de Gobierno?
Yo diría que no. La señora formaba parte de la cúpula presidencial, como vicepresidenta del expresidente Pedro Castillo. Pasado el golpe de Estado del exmandatario, desde un primer momento Boluarte se sintió abrumada por haber pertenecido a la administración anterior.
No se han roto los lazos sentimentales e ideológicos (de Dina Boluarte) ni con Vladimir Cerrón ni con el exgobierno de Pedro Castillo.
Una vez pasados los disturbios ocasionados por grupos de izquierda para tratar de impedir que ella subiera al poder, la señora Boluarte no ha gobernado. Hay una ausencia del Gobierno en todos los terrenos: en el económico, de la seguridad pública, de la promoción del empleo y el orden, en lo institucional, entre otros. Lo que caracteriza a este Gobierno es su ausencia.
Un amplio sector considera al premier Alberto Otárola como una pieza clave en este Gobierno, ¿cómo calificaría su desempeño?
El primer ministro ha desempeñado un rol básicamente positivo, por cuanto ayudó a la señora Dina Boluarte a estabilizarse en el Gobierno.
El premier anterior, el doctor Pedro Angulo, colapsó a los pocos días de asumir dicho cargo. El señor Otárola, que ocupaba el cargo de ministro de Defensa, no solo en esta gestión sino en la del expresidente Ollanta Humala, era un hombre que tenía experiencia política. Vemos a mucha gente vinculada a él (en el Gabinete), como el doctor Maurate, en la cartera Trabajo, gente que pertenece básicamente a su entorno y que él llevó.
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¿Cree que Otárola debe dar un paso al costado?
Está muy claro que Otárola ha desempeñado un rol de estabilización. Ese rol, en mi opinión, ha terminado. El Perú necesita algo más hoy. Objetivamente hablando, estamos con una recesión. Ya no es la situación económica (de antes), ni siquiera la que tenía Castillo, donde se crecía mínimamente, básicamente por la inercia de gobiernos anteriores.
Estamos frente a un fenómeno El Niño que puede ser muy severo y, para la opinión pública, la crisis principal es de seguridad ciudadana. La criminalidad es percibida como el problema principal del país. No tiene liderazgo este Gobierno frente a esos problemas.
El ministro del Interior, Vicente Romero, enfrenta un nuevo intento de censura en el Congreso, ¿cree que su gestión es la más débil al interior del Gabinete Ministerial?
El general Romero tiene una serie de condiciones personales, pero da la impresión que la moción de censura, planteada en su contra ya llegó a las 66 firmas. En ese caso, está prácticamente fuera.
Él (Vicente Romero) no debería permitir que lo censuren, él debería renunciar democráticamente. La opinión pública, en su inmensa mayoría, considera -a pesar de que la crisis económica es más grave- que el problema número uno es el de la inseguridad y el crimen.
Entonces, el ministro del Interior tiene que ser el responsable político. Los ministros, decía (Enrique) Chirino Soto, son fusibles. Están puestos en el sistema jurídico y en el sistema político para que se quemen ellos y no se queme el presidente de la República. Siendo el señor ministro un fusible, ya se le acabó su tiempo.
Tampoco parece haber un plan establecido contra el crimen...
Pretendieron decir que había un “Plan Boluarte” y no había ninguno. Se declaró estado de emergencia en ciertas zonas y la criminalidad aumentó. No se ven políticas efectivas de previsión frente al crimen. Todo lo contrario, la actitud es meramente reactiva. La Policía no tiene los medios materiales ni tecnológicos, que tampoco son tan caros.
¿Qué otras carteras, en su opinión, también se encuentran en estado crítico?
El ministro de Economía (Álex Contreras) me parece un personaje lamentable. No solo porque carece de la presencia y el estado de ánimo necesario para ser ministro sino porque cuando hace una declaración, siempre se equivoca o dice algo que termina siendo una metida de pata.
Esto podría ser anecdótico, pero está muy claro que no tiene la menor idea de lo que hay que hacer. Es indispensable que haya un recambio económico. La señora Dina Boluarte debe entender que es momento de cambiar su Gabinete Ministerial. Deben haber cambios parciales.
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Sectores de izquierda consideran a la Presidencia de Boluarte como una gestión de derecha, casi como una estrategia para el 2026 ¿Cómo calificaría su mandato?
(Decir que es un gobierno de derecha) es falso, una argucia y una falacia. La señora Dina era compañera de Pedro Castillo. Precisamente, ese es el problema. ¿Por qué le cuesta tanto a la señora Boluarte adoptar las políticas que corresponden? Porque no cree en ellas.
Boluarte viene de la izquierda, cree en la intervención estatal. Ella es socialista, no lo ha negado. Ha llegado en un momento dramático al Gobierno y trató de mantenerse en un cauce democrático frente al golpe de Estado castillista. Pero los pasos que tiene que dar no los da por falta de convicción.
Ella no cree en una economía de mercado o en la libre competencia. Eso es lo que la complica. Para mí, claramente, el Gobierno de la señora Dina Boluarte es uno de izquierda fallido porque no ha logrado ni siquiera concretar una agenda política.
Pasando a otro tema, estalló el viernes una especie de confrontación en el Ministerio Público entre Patricia Benavides y el Equipo Especial, ¿cómo analiza el tema? El fiscal José Domingo Pérez ha denunciado un permanente “hostigamiento” hacia ciertos fiscales...
El Ministerio Público es una institución autónoma. Se rige por sus leyes y es jerárquico. A diferencia del Poder Judicial, donde los jueces actúan con criterios de conciencia, en la Fiscalía se actúa por disciplina.
El sistema de control del Ministerio Público, sin embargo, es independiente. Y eso fue producto de una reforma que se hizo en tiempos de Pedro Castillo.
De tal manera que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, en manos de Juan Fernández Jerí, es totalmente independiente de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Es precisamente el trabajo de Fernández Jerí lo que genera fricciones...
Así es. Quien está investigando y dictando medidas respectivas de las funciones de los señores fiscales no es la fiscalía de la Nación. Pero esto no es un problema institucional. Es el organismo nacional de control que está dentro de su competencia.
Entonces, no se puede decir, como han dicho algunos, que hay persecución política, ni intromisión, porque el Sr. Fernández fue nombrado con una elección independiente, designado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un concurso público. Por consiguiente, deben dejarlo desarrollar sus funciones.
Si hubo excesos en las funciones de los fiscales, y es necesario un proceso disciplinario administrativo, le corresponde a esta instancia. Para eso han sido elegidos. Hay que respetar su trabajo.
La fiscal de la Nación cuestionó que determinados fiscales trabajen con inusitada “lentitud”, ¿es necesario tener paciencia con el tiempo que se toma el Equipo Especial Lava Jato para arribar a las sentencias a expresidentes?
No, en absoluto. Creo que si no fuera por la compañía (Odebrecht), que prestó su colaboración, estos señores no hubieran hecho nada. Todo el trabajo lo hizo la compañía cuando se acoge a la Fiscalía. ¿Y después qué hicieron los fiscales? Vengarse políticamente de sus enemigos ideológicos. No encuentro ninguna investigación que haya sido eficaz.
Finalmente, el Congreso se ha visto obligado a posponer el informe sobre la JNJ ¿cree que tendrá éxito el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional?
La resoluciones judiciales tienen que acatarse. Por eso, me parece bien que el Congreso no haya proseguido con la votación y, más bien, haya presentado un recurso al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial una apelación para que resuelvan el problema.
Estoy seguro que el TC va a dejar sin efecto esta medida cautelar porque contraviene, específicamente, el precedente vinculante contenido en el expediente 003-2022, proceso competencial.
Allí, el TC, a propósito de la elección del defensor del Pueblo, que fue suspendida por varias medidas cautelares, estableció en qué circunstancias procedía o no una acción de garantía.
¿Considera que los siete integrantes de la JNJ deberían dejar sus cargos?
Creo que las responsabilidades son individuales. Tengo claro que la señora Inés Tello ha actuado ilegalmente. Ella no ha debido estar ahí porque ha vencido su periodo hace algún tiempo. Está usurpando un cargo. No me cabe la menor duda de que, en ese caso, hay una responsabilidad grave.
En el caso de los otros señores y miembros de la Junta, no estoy tan seguro que sea así, pero será el Congreso, en todo caso, el que tendrá que analizar caso por caso y determinar si hay conductas graves o muy graves que puedan sancionarse.
