Cierran filas. Tras conocerse el petitorio del terrorista Víctor Polay Campos en contra del Estado peruano, el premier Alberto Otárola sostuvo ayer, en la tarde, un encuentro con los titulares de diversas entidades públicas.
El encuentro se produjo para discutir la estrategia que asumirá el país, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el recurso interpuesto por los allegados del excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El círculo de Polay Campos pretende, una vez más, que se revisen las condiciones carcelarias del sentenciado a 35 años por terrorismo.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre este caso antes de la reunión convocada por el primer ministro. Desde el interior del país, aseguró que “ni un solo sol del erario público será para pagar a terroristas”.
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EN DETALLE
La convocatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) comprendió al ministro de Justicia, Daniel Maurate; el procurador general, Daniel Soria; el procurador antiterrorismo del Ministerio del Interior, Milko Ruiz; y el procurador público adjunto especializado supranacional, Carlos Llaja.
Los funcionarios brindaron una conferencia de prensa al término de la cita. El procurador Soria afirmó que se brindará una respuesta oportuna al petitorio y aseguró que “no hay un riesgo, ni siquiera remoto, de que se pida o se ordene la libertad del señor Polay o su traslado a otro establecimiento penitenciario”.
Asimismo, destacó que el sistema de defensa jurídica pública tiene como propósito lograr “los archivamientos” de este y otros recursos similares contra el Estado peruano, y no “pagar ningún tipo de reparación”.
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De acuerdo con lo expresado por el premier Otárola, el Gobierno concentrará sus esfuerzos en cuatro aspectos principales. El primero radicará en la activación de un grupo de trabajo para la defensa jurídica del Estado, en casos de terrorismo, ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
“Vamos a convocar a todos los Poderes públicos para reuniones bimensuales, de coordinación y planificación, para este propósito”, dijo. Luego comentó que también se brindará un “apoyo sustancial” de recursos a la institución liderada por Daniel Soria, puntualmente, a la Procuraduría Pública Especializada Supranacional.
A estas medidas se sumará una tercera, vinculada a la reducción de casos similares al de Polay Campos; recursos que residen en la CIDH en contra del Estado peruano.
“El Perú se ha convertido en el tercer país que más peticiones tiene. Era el primero hasta antes del 2010″, sostuvo. Finalmente, anunció que el Ejecutivo organizará una visita del más alto nivel ante los órganos del CIDH. “Reitero, el Perú va a tener una posición absolutamente firme. No vamos a permitir que el terrorista Polay pueda utilizar el sistema interamericano para intentar enervar los efectos de una sentencia”, enfatizó Otárola.
EN CURSO
El terrorista tiene al menos dos procesos abiertos. Uno de ellos corresponde a la masacre de Tarapoto, también llamada “La Noche de las Gardenias”, donde personas del colectivo LGBT fueron asesinadas por el MRTA en mayo de 1989.
“La Fiscalía provincial ya formalizó la denuncia por autoría mediata. Hemos solicitado (...) que se requiera prisión preventiva contra Polay y otros acusados”, afirmó el procurador Ruiz. También detalló que el sentenciado tiene otra investigación a punto de formalizarse, por apología al terrorismo.
“Fuera de ello, hemos ejecutado medidas de embargo contra sus bienes (de Polay Campos). Estamos a punto de realizar los remates para recuperar la reparación civil que este criminal le debe al Estado”, manifestó.
PERSPECTIVA
El exviceministro de Justicia Miguel Ángel Soria consideró, en diálogo con Correo, que “la defensa del Estado “no debe descansar solo en señalar que Polay es un terrorista y que le hizo severo daño” al país.
Remarcó que ni la Comisión ni la Corte-IDH “juzgan la inocencia o culpabilidad de las personas, sino si el Estado violó derechos humanos; incluso, aunque parezca paradójico, de los delincuentes”.
Añadió que la CIDH examinará varios aspectos, entre ellas, las condiciones carcelarias del aludido. Por ello, explicó que el Estado debe demostrar que estas son compatibles con la dignidad humana y que sus restricciones están justificadas.
“Sobre presuntos actos de tortura, la Fiscalía debe evaluar si la investigación, iniciada en 2002 y archivada en 2007, se realizó según los estándares previstos en la Convención Interamericana y la jurisprudencia de la Corte-IDH. De no ser así, se debería reabrir el caso de acuerdo a esos estándares para evitar una condena internacional. Es mejor un acto de honestidad jurídica con la justicia antes que convertir en víctima al terrorista Polay, por una mala investigación”, aseveró.
