La Comisión de Ética define hoy si Alejandro Soto, el presidente del Congreso, será objeto de una investigación por solo tres de todas las denuncias que tiene en su contra.
El grupo congresal se reunirá desde las 9 de la mañana a fin de analizar las acusaciones por contratar a la tía de su hijo, por beneficiarse con la “ley Soto” y por financiar a “trolles” para atacar en las redes a sus rivales políticos, hechos que surgieron de 2020 en adelante.
De prosperar el inicio de la indagación, Soto sabrá en tres meses si es responsable o no de las imputaciones. Así lo estimó Diego Bazán, el nuevo presidente de ese grupo de trabajo, quien además dejó claro que la máxima sanción que podría recibir sería de 120 días de suspensión de sus funciones.
“Espero poder acortar los plazos y en un máximo de tres meses tener ya un informe final que pueda ser votado”, aseguró Bazán.
LOS casos. Fuentes parlamentarias aseguraron a este Diario que luego de los casos de Soto, Ética continuará con las audiencias de “mochasueldos” como María Cordero Jon Tay por ser el más avanzado que tienen.
Después se verá el de Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), María Acuña (APP) y Edgar Tello. Asimismo, el de Jorge Flores, Hilda Portero y José Arriola, de Acción Popular.
Cabe destacar que tres legisladoras acusadas de recortarle el salario a sus trabajadores fueron blindadas por esta comisión en la legislatura pasada: Heidy Juárez, Magaly Ruiz y Rosío Torres.
También están pendientes los casos de Digna Calle (Podemos) por despachar remotamente desde Estados Unidos y el de Luis Cordero Jon Tay, a quien se le acusa de haber participado en una presunta red de espionaje contra la oposición durante el gobierno de Pedro Castillo.
