Maldonado señaló que se ha debido enfatizar en medidas de prevención contra la corrupción en las instituciones”. (Foto: Archivo El Comercio)
Maldonado señaló que se ha debido enfatizar en medidas de prevención contra la corrupción en las instituciones”. (Foto: Archivo El Comercio)

Escrito por Gabriel Mazzei

En entrevista con Correo, el exprocurador Antonio Maldonado no se guarda nada en sus críticas contra el gobierno de Martín Vizcarra por no deslindar con el nombramiento de su cuñado Freddy Herrera. También critica la falta de prevención del delito por parte del Estado durante la emergencia.

Durante la pandemia, al menos unos 20 detenidos involucrados en el caso Lava Jato o Cuellos Blancos han salido de prisión, ¿que impresión le deja esto?

La pandemia, además del efecto en la salud y economía, ha agravado la lucha contra la corrupción. Por eso ha salido más de un procesado del caso Lava Jato o Cuellos Blancos.

En su mayoría, los jueces invocaron un eventual contagio de los internos. ¿No es válido?

Es legítimo el argumento del riesgo del contagio en los penales, incluso ese peligro lo advirtió un informe de las Naciones Unidas. Pero no todos los internos tienen este inminente peligro. Los jueces no han tratado a todos con el principio de igualdad ante la ley.

¿Qué viene ahora para el Equipo Especial Lava Jato?

El Equipo Especial debería subsanar la crítica objetiva que siempre se la ha hecho: su demora en construir sus casos. Muchas veces, lograron prisiones preventivas, pero luego se olvidaron de los casos. Entiendo que el Equipo Especial no es un grupo grande de fiscales. Con todo, la Fiscalía no puede contar con la prisión preventiva como su estrategia principal de avance en los casos. Las investigaciones deben culminarse y llevarlos a juicio.  

¿Hay resultados en las investigaciones fiscales?

Debería haber, los fiscales no pueden excusarse en que si un pedido de prisión preventiva es rechazado. Ellos deben tener una actuación de diligencia efectiva y un comportamiento eficaz en sus investigaciones, así lo señala la jurisprudencia de la Corte IDH.

Hay más de 800 casos de corrupción en la Fiscalía, durante la emergencia, ¿qué está fallando?

Los mecanismos de prevención, porque ocurrido el latrocinio, lo robado, es muy difícil recuperar los fondos. Entonces, se ha debido enfatizar en medidas de prevención contra la corrupción en la instituciones. La Contraloría tiene responsabilidad en esto.

¿Y el Ejecutivo?

En general, es responsabilidad del Estado. (...) Hay responsabilidad en el Congreso, pero también en el Ejecutivo cuando, por ejemplo, vemos que el presidente se rodea de familiares o personas cercanas que ejecutan proyectos del Estado. Eso desluce cualquier discurso presidencial de lucha contra la corrupción, más allá de si técnicamente llegue a ser un delito o si es un reproche moral. Hay falta de coherencia en el discurso presidencial.

¿Se refiere a los casos de Mirian Morales o del cuñado del presidente Vizcarra?

Desde luego. Reitero, no veo coherencia en el discurso, más allá de si sea delito o no. Cuando una persona asume la primera magistratura del país, tiene que mandar a sus familiares lejos del Estado, al Polo Norte y Polo Sur, para no manchar su mensaje anticorrupción. Si no, los funcionarios de menor jerarquía harán lo mismo. Pero hoy vemos lo contrario. Lamentablemente, vemos que las relaciones y contactos mandan. También funciona la puerta giratoria de personas que van de instituciones a otras, por esas relaciones y que desvirtúa la meritocracia.

¿Cuál es su opinión del ministro de Trabajo, Martín Ruggero, quien fue asociado del estudio Payet que asesoró a Odebrecht?

Ese vínculo es condenable, pero también me parece más grave, porque en el Perú hay una respetable red de profesionales en derecho laboral que han alcanzado altos niveles en la Organización Internacional de Trabajo y nombran a Martín Ruggero con estos vínculos muy cuestionables con el estudio jurídico que asesoró a Odebrecht. Nada menos.

Perfil

Antonio Maldonado es exprocurador. Es egresado de la Universidad San Marcos. Especialista en Derechos Humanos, Derecho Procesal, Derecho Penal, Defensa Pública y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.