La delincuencia cogotea al país y parece no haber una reacción contra el incremento desmesurado del crimen. En los últimos ocho meses, el Perú registró 13 mil 189 denuncias de personas o empresas que aseguran haber sido víctimas de la extorsión.
Es decir, al mes se presentan 1 648 denuncias nuevas a razón de 55 cada día.
La cifra no solo amenaza con mantenerse sino con agudizarse en lo que resta del año y superar las 15 mil 634 extorsiones que la Policía registró en los 12 meses de 2022.
Cada año, la extorsión ha ido en aumento. En 2021, fueron 4 461; en 2020, la Policía recibió 2 732 denuncias y en 2019 se llegó a 3 815.
Todas estas cifras fueron presentadas ayer por representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Congreso. Asistieron el premier Alberto Otárola, el ministro Vicente Romero (Interior) y otros miembros del Gabinete como Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones).
La visita ministerial buscó que el Parlamento entregue al Gobierno facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana -y en otros temas- por 120 días a fin de que ponga en marcha planes efectivos contra el flagelo delictivo que se expande imparable por todo el país.
“Sobre las incidencias del delito de la extorsión en el periodo 2019-2023 vemos claramente cómo ha subido y esperamos de alguna manera solucionarlo repotenciando con 200 policías de investigación que estamos por contratar en los próximos días en el asesoramiento, planificación en materia de investigación”, dijo Romero.
Dejó claro que entre las principales modalidades de extorsión de las mafias están el cobro de cupos, el rescate de vehículos, el contrato para matar y el famoso préstamo “Gota a Gota”.
De otro lado, el ministro del Interior aseveró con preocupación algunos de los números que afronta el país sobre hurto y robo.
Romero refirió que 4 734 celulares son robados al día, 197 por hora y 3 por minuto.
“La percepción de inseguridad actual es del 82.3%. El pico más alto que hemos tenido de percepción de inseguridad ha sido el año 2016 que llegó al 90%”, reconoció e insinuó que podríamos superar ese número en los próximos meses.
Concluyó sobre el problema del crimen en el país que también es consecuencia de la impunidad que logran los malhechores en estamentos de la justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como en la propia Policía.
DÉFICIT
Sobre la Policía Nacional, Romero informó que en la actualidad tiene 131 557 efectivos, que brindan servicio a 33.7 millones de habitantes.
Reveló que el año 1990 había 125 546 policías para 22 millones de peruanos con lo cual la brecha se ha ampliado.
“Del total de 1 323 comisarías básicas, 907 están en condiciones inadecuadas. El 47% del parque automotor de la PNP está inactivo y 9 341 vehículos se encuentran inoperativos. El 74% de armamento de la Policía tiene una antiguedad de más de 20 años”, explicó.
Plan Boluarte. Más tarde, el premier Otárola indicó que el Ejecutivo no aplicará el Plan Bukele sino uno que emerja desde la dirección de la presidenta Dina Boluarte.
Ello, pese a que días atrás estuvo a favor de que el Gobierno evalúe implementar las estrategias que ha aplicado el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
“Aquí no habrá un plan Bukele, habrá un Plan Boluarte, que puede hacer lo que mejor hayan hecho otros gobiernos. El señor Bukele ha hecho dos cosas, que los policías suban a los buses a cuidar a la ciudadanía y programas de fomento de deporte en zonas donde se recuperaron de la delincuencia”, refirió.
Explicó que el Plan Boluarte para la inseguridad ciudadana tendrá tres componentes que son la prevención, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, y el tercero es el fortalecimiento de la Policía como institución.
En otro momento, Otárola afirmó que el Gobierno destinará un 13% adicional al presupuesto de seguridad para hacerle frente -entre otros temas- a la lucha contra el tráfico de drogas.
Romero complementó al premier al indicar que las estrategias de Nayib Bukele solo se limitan a enfrentar la criminalidad.
“Esa es la gran diferencia. Acá pensamos en los más vulnerables, a los que hay que darles más seguridad. Estos bolsones de violencia corresponden a 120 barrios que tenemos identificados”, expresó.
FACULTADES
Los ministros detallaron ayer en la Comisión de Constitución parte del paquete de 50 proyectos de ley que buscan promulgar, de los cuales 33 están referidos a reducir las amenazas de la delincuencia.
Además de seguridad ciudadana, se busca legislar en gestión del riesgo de desastres-Niño Global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos por un periodo de 120 días-calendario.
La propuesta fue recibida con disposición en las bancadas de Somos Perú y Alianza Para el Progreso. Renovación Popular tuvo ciertos reparos porque alegan que 120 días es mucho tiempo. En Fuerza Popular aún se evalúa una posición.
No obstante, la bancada de Perú Libre se mostró en contra y publicó un comunicado cuestionando algunas estrategias del Gobierno.
Sobre el Plan Bukele, opinaron que atentaría contra los derechos humanos y, por el contrario, legitimaría el uso excesivo de la fuerza pública.
La Comisión de Constitución fijó que los días 31 de agosto y 1 de setiembre los equipos técnicos del Gobierno y el Parlamento se reunirán para abordar cada iniciativa.
