La Corte IDH carece de competencia para intervenir en relación con los casos La Cantuta y Barrios Altos, asuntos que fueron materia de sentencias hace 18 años y nada tienen que ver con el tema de lesa humanidad, postula el analista político y congresista Fernando Rospigliosi.
La Corte IDH le da al estado peruano un plazo de 5 días para que presente sus observaciones frente a la queja de los deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos contra el proyecto de ley sobre el delito de lesa humanidad, aprobada en una comisión del Congreso. ¿Tiene competencia en este caso?
No tiene ninguna competencia para intervenir en los asuntos internos del Perú en un tema que está completamente fuera de su jurisdicción.
No tiene ninguna injerencia en este tema; están violando sus propios reglamentos. El asunto de La Cantuta y Barrios Altos no tiene nada que ver con este tema. O sea, la lesa humanidad se ha venido usando de una manera completamente ilegal, no solo porque no es retroactivo sino que, además, no está tipificado en la ley peruana (...) Entonces no hay ningún motivo para que la Corte intervenga. Es solamente porque se ha convertido en un organismo político que defiende intereses particulares.
Los abogados de las víctimas proponen que la Corte “ordene al estado peruano interrumpir el trámite legislativo” del proyecto de ley referido y se abstenga de aprobar cualquier norma parecida. ¿Es correcto?
Sería una injerencia inaceptable. Ese organismo politizado no puede imponerle al Estado peruano qué cosa puede o no puede aprobar el Congreso o promulgar el gobierno. Eso es increíble. Es una injerencia completamente fuera de lugar que debería ser rechazada de inmediato por el gobierno peruano. No debería entrar a discutir sino simplemente rechazar esa injerencia indebida.
En este caso, los representantes de los deudos presentan una queja ante la Corte y esta traslada la queja al estado peruano ¿Esto es así?
¡No es verdad !Eso no es verdad! Claro que no, porque la Corte no tiene por qué trasladar ninguna queja, no es una mesa de partes. Está tomando una decisión completamente ilegal e indebida. No es una mesa de partes.
¿Qué participación tienen en esto las ONG afines a la izquierda?
En realidad, no son los familiares, son las ONG que están en ese negocio. Ellas son los que hacen que los familiares firmen determinados papeles y los envían a la Corte IDH con la cual suelen actuar en complicidad. Hay toda una mafia caviar internacional y nacional la que está haciendo esta movida. (...) En los casos La Cantuta y Barrios Altos la justicia sancionó a los responsables, sentenciándolos. Es decir, no tiene nada que ver con lo que se ha aprobado en la comisión de Constitución.
