La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público emitió un contundente comunicado donde expresa su firme rechazo al proyecto de ley que busca precisar la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
La Fiscalía advierte que esta iniciativa, impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto, representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
Entre los principales argumentos en contra del proyecto de ley, la Junta de Fiscales Supremos destaca su inviabilidad jurídica, pues los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles por su carácter atroz y la necesidad de garantizar la justicia para las víctimas. De aprobarse la norma, se abriría la puerta a la impunidad y se vulneraría el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, quienes han luchado durante años por obtener justicia.
Asimismo, la Fiscalía califica la propuesta normativa como inconstitucional, al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional. Estos instrumentos obligan a los Estados a investigar y sancionar de manera efectiva las graves violaciones a los derechos humanos, sin posibilidad de prescripción.
De aplicarse la norma, numerosas investigaciones y procesos judiciales en curso, incluyendo casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, tendrían que ser archivados, dejando en la desolación a cientos de víctimas y sus familias.
El Ministerio Público advierte que la aprobación de este proyecto de ley afectaría a más de 550 víctimas y sus familiares, además de a la sociedad en su conjunto, que tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido durante el periodo de violencia interna.
Ante este panorama, la Junta de Fiscales Supremos hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía en general a reflexionar profundamente sobre las graves implicancias de este proyecto de ley. Solicitan su archivo definitivo, al considerarlo inconstitucional y contrario a los principios fundamentales de justicia, verdad y reparación.
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