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El Ministerio Público indicó este lunes que se encuentra habilitado como institución de forma legal y constitucional para investigar a congresistas por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, luego de que el miércoles 7 de julio el pleno del Congreso aprobó llevar a cabo la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que un fallo judicial suspendía “provisionalmente” dicho proceso.
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A través de un comunicado, la entidad a cargo de Zoraida Ávalos precisó que el inicio de indagaciones preliminares “no implica” que se formulen cargos o se imputen delitos, puesto que “basta el conocimiento de un hecho que tenga apariencia delictiva para iniciarlos”.
“De acuerdo a la Constitución y a su Ley Orgánica, el Ministerio Público es titular exclusivo de la acción penal pública; y que, conforme lo señala el Código Procesal Penal, el Fiscal de la Nación está facultado para realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional contra los altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República y los representantes del Congreso, entre otros”, se lee en el documento.
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“Es de conocimiento público la decisión adoptada por el Congreso de la República, a través de algunos de sus miembros, de continuar con el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de conocer la resolución judicial que ordenaba su “suspensión provisional”, con lo cual, los hechos resultan de relevancia jurídico penal, tipificada en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal”, indica la fiscalía.
El pasado 7 de julio el Congreso de la República decidió desobedecer una orden del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, la cual disponía que se suspenda el proceso de elección de los nuevos magistrados del TC. La decisión se tomó con 87 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, con lo que el pleno seguirá adelante con el debate y elección de los seis nuevos miembros del TC.
La suspensión ordenada por la jueza Soledad Blácido Báez fue en atención a una medida cautelar presentada por el abogado Walter Ayala, quien presentó una demanda de amparo para que se considere como nulo el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
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