Fiscalía allanó vivienda de Aníbal Torres

Al borde de la cornisa. Conforme avanzan las investigaciones del Ministerio Público, se van revelando más indicios comprometedores por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Es el caso de Aníbal Torres Vásquez, el exasesor de la entonces premier Betssy Chávez, sobre quien la Fiscalía allanó su inmueble ubicado en el distrito de San Isidro por su presunta participación en el mensaje golpista del 7 de diciembre del 2022.

El allanamiento e incautación, que inició ayer a las 3 de la mañana, incluyó el registro domiciliario y personal de Torres así como el levantamiento del secreto de sus comunicaciones (teléfonos móviles, tabletas, computadoras, CPU’s, laptops, USB’s, discos externos, entre otros, que sean incautados) y sus redes sociales.

El operativo fue solicitado por el fiscal supremo transitorio Uriel Terán y recibió la correspondiente autorización del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Checkley Soria, en un documento emitido el 10 de marzo y al que accedió Correo.

El operativo contó con la participación de un fiscal superior, un fiscal provincial, dos fiscales adjuntos, personal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que encabeza la fiscal superior Marita Barreto y el Equipo Especial de la Policía, cuyo coordinador es el coronel PNP, Harvey Colchado.

El expremier, quien está imputado en este caso como asesor II del Consejo de Ministros, estuvo en todo momento en la diligencia fiscal realizada en su vivienda.

PARTICIPACIÓN. En la resolución, se señala que Aníbal Torres “esta vinculado” con los delitos de rebelión y conspiración por los elementos de convicción que ha mostrado el Ministerio Público como testimonios, material audiovisual y diversa documentación del caso.

Pero también se subraya que Torres estuvo “momentos antes de efectuarse el mensaje a la nación” del 7 de diciembre del 2022 emitido por el exmandatario Pedro Castillo (en prisión preventiva por 18 meses en este caso) “y que también ponen de manifiesto su participación en dicho suceso, conjuntamente con otros ministros de Estado”.

De esta manera, el juez Checkley consideró razonable asumir que en el domicilio del expremier podría haber documentación y/o información relacionada a la investigación, “los cuales podrían ser destruidos o eliminados, extraviados o modificados”. Por ello, se realizó el allanamiento con fines de incautación.

El magistrado señala que existe “un alto grado de probabilidad” que Aníbal Torres tenga “evidencias físicas como anotaciones y documentos” del mensaje golpista que “develarían con mayor profundidad los hechos investigados”.

En esa línea, el juez destaca que, según informaciones públicas, el mensaje golpista “pudo haber sido redactado por el investigado” Torres, debido a que se ha evidenciado similitudes en los términos utilizados por Pedro Castillo aquel 7 de diciembre del 2022 y los mensajes propalados por Torres.

Entre ellos, sus participaciones en diversos consejos descentralizados y encuentros con gremios sindicales afines al gobierno de Perú Libre.

Entre otros elementos de convicción, se cuenta con material audiovisual de las cámaras de Palacio de Gobierno, en el cual se advierte la concurrencia de Betssy Chávez, como premier; Torres, como asesor; Willy Huerta, como ministro del Interior, previo al mensaje presidencial.

Asimismo, hay otros testimonios como el del exministro Alejandro Salas y la reportera de TV Perú, Cynthia Malpartida, quienes identifican a Torres en el lugar de los hechos.

GRAVE. En otro punto, la resolución judicial enfatiza que la conducta ilícita atribuida a Aníbal Torres “tiene un mayor reproche social, toda vez que, está vinculado a la Presidencia del Consejo de Ministros, como Asesor, y en tal condición habría participado en el autogolpe realizado por su coprocesado Castillo Terrones”.

Además, el juez Juan Checkley indica que al analizar los elementos de convicción, se habría afectado gravemente la imagen institucional de uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial y puesto en riesgo a los otros poderes, órganos constitucionalmente autónomos y, en general, el sistema democrático.

Vale recordar que, en su mensaje, Pedro Castillo había anunciado la disolución del Congreso de la República, la reorganización del sistema de justicia e instaurar un régimen de excepción.

Tras ello, Castillo fue detenido en flagrancia por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando pretendía dejar territorio nacional para irse a la embajada de México con el fin de solicitar asilo. Luego, fue vacado por incapacidad moral por el Congreso.

DEFENSA. En diálogo con RPP, Duberlí Rodríguez, quien representa la defensa legal de Aníbal Torres, mencionó que el exasesor de la PCM recién se enteró de la decisión del exmandatario cuando terminó su discurso, por lo que no considera haber participado en dicha decisión.

“(Aníbal Torres) ha dicho en su declaración, que él toma conocimiento cuando termina de leer las declaraciones el señor Pedro Castillo, de tal manera que él asume que él no ha participado para nada en esa decisión”, señaló.

Además, Rodríguez Tineo indicó que su defendido ingresó al Despacho Presidencial cuando Castillo estaba terminando de dar el mensaje con el que pretendió dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.