El Ministerio Público dispuso extender por ocho meses la investigación preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de un caso por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública. El exfuncionario es señalado por el presunto delito de colusión vinculada al manejo de servicios para el despliegue de material electoral.
La extensión del proceso fue aprobado por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El objetivo es mantener activa la recolección de elementos que permitan sustentar la investigación en curso.
La carpeta fiscal fue remitida en formato digital a la división especializada de la Policía Nacional encargada de delitos contra la administración pública. Esta unidad tendrá a su cargo la ejecución de diligencias operativas durante un plazo de 90 días naturales.
Las acciones incluyen la obtención de información relevante para el análisis del caso. El trabajo policial complementará las disposiciones emitidas por el Ministerio Público.
¿Qué otras medidas dispuso la Fiscalía?
La Fiscalía ordenó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de un grupo de investigados. La medida alcanza a exfuncionarios y servidores vinculados a la gestión de la entidad electoral.
Con esta disposición se busca acceder a información financiera y registros de contacto. El material será incorporado al expediente para contrastar posibles vínculos entre los involucrados.
Asimismo, se programó la verificación de cámaras de videovigilancia en instalaciones de la ONPE ubicadas en Lurín. Estas diligencias están relacionadas con el traslado de material electoral en fechas previas a los comicios.
De forma paralela, se ordenó una inspección en la sede central de la ONPE en Lima. Allí se recopilarán documentos, grabaciones y expedientes vinculados a procesos de contratación.
Como parte del proceso, se dispuso la revisión de expedientes del servicio de transporte de carga utilizado en el despliegue electoral. Esta línea de investigación busca esclarecer cómo se ejecutaron las contrataciones cuestionadas.
La investigación se mantiene en etapa preliminar mientras continúan las diligencias programadas. La ampliación del plazo permitirá completar la verificación de información y el análisis de los elementos ya recopilados.
