Elvia Barrios dijo que el caso del gas de Camisea podría judicializarse. (Foto: archivo GEC)
Elvia Barrios dijo que el caso del gas de Camisea podría judicializarse. (Foto: archivo GEC)

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, archivó la investigación preliminar seguida contra, por el delito de patrocinio ilegal.

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Barrios Alvarado había sido denunciada por presuntamente haber contactado al entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, para interceder a favor de su hermano, Víctor Barrios Alvarado, en un proceso judicial que se ventilaba en el Callao.

Fue el mismo Ríos quien reveló estos hechos ante la Fiscalía, ocurridos supuestamente entre fines del 2017 o a inicios del 2018.

Elvia Barrios
Elvia Barrios

De acuerdo a la disposición fiscal, a la que tuvo acceso Correo, la fiscal suprema Bersabeth Revilla indicó que la denuncia inicial contra Elvia Barrios por tráfico de influencias no era correcta, por cuanto “no se verifica mínimamente algún acto de invocación o posesión de influencias que hayan sido ofertadas con el propósito de interceder ante un funcionario o servidor público”.

Además, el documento señala que no se ha corroborado que la magistrada haya acudido con el denunciante Walter Ríos para que este use sus influencias ante el juez Rafael Inga Méndez, quien estaba a cargo del proceso judicial contra el hermano de la titular del PJ.

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Delito

No obstante, la fiscal Bersabeth Revilla indicó que los hechos denunciados califican más bien en el delito de patrocinio ilegal, tipificado en el artículo 385 del Código Penal.

“El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas”, señala el Código Penal sobre dicho delito.

En su análisis, la representante del Ministerio Público señala que la conducta desplegada por Elvia Barrios Alvarado se adecúa a este acto ilícito, según lo narrado por Walter Ríos, de quien -señala sin embargo- “no ha adjuntado elementos de convicción mínimos que acrediten sus afirmaciones”.

Ríos Montalvo refirió, ante la Fiscalía, que se sintió “presionado” por el hecho de que la magistrada era una jueza suprema titular.

Sin embargo, la fiscal Bersabeth Revilla indicó que, según la normativa penal vigente, el delito de patrocinio ilegal posee una sanción no mayor a dos años de prisión, por lo que “la acción penal contra dicho ilícito prescribe a los dos años posteriores del hecho delictivo (plazo de prescripción ordinario)”. Ello, al tener en cuenta que el hecho imputado a Elvia Barrios ocurrió entre fines de diciembre del 2017 o, en su defecto, a inicios del 2018.

“En ese sentido, si se toma como premisa que el evento presuntamente delictivo ocurrió en enero del 2018, la acción penal, en aplicación al plazo ordinario, prescribió los primeros días de enero del 2020″, señala el documento fiscal.

Bersabeth Revilla fue notificada de la denuncia recién el pasado 7 de octubre del 2021 en su mesa de partes, tras una serie de trámites e incidentes en el Ministerio Público respecto a esta investigación.

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Incidentes

¿Cuáles fueron esos trámites? El 30 de diciembre del 2019, la denuncia contra la magistrada Elvia Barrios ingresó a la Mesa de Partes de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón.

Luego, el 7 de enero del 2020, Fernández Alarcón emitió una disposición en la cual señala que la denuncia ha sido presentada contra una jueza suprema que cuenta con la prerrogativa del antejuicio (artículo 99 de la Constitución), por lo que dispuso derivar el caso a la Fiscalía de la Nación.

El 24 de enero de ese año, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ordenó recabar documentación sobre el expediente antes de emitir un pronunciamiento sobre la denuncia contra Elvia Barrios.

El 2 de julio del 2020, Ávalos se excusó de seguir conociendo el caso y lo derivó al despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez, titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal, quien también se inhibe.

Posteriormente, la Fiscal de la Nación derivó el citado expediente a la Fiscalía Suprema en lo Civil, a cargo del fiscal Victor Rodríguez Monteza, quien, el 26 de marzo del 2021, devolvió la denuncia al despacho de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, el pasado 7 de octubre del 2021.

En su análisis, Revilla Corrales señala que, para febrero del 2020, no hubo ningún acto fiscal (actos de investigación) que haya suspendido y/o interrumpido el plazo de prescripción porque los actos procesales anteriores al presente pronunciamiento constituyeron actos de mero trámite en los cuales no se habían calificado jurídicamente los hechos denunciados”.


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