La Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, al concluir que no existe mérito para presentar una denuncia constitucional en su contra por varios presuntos delitos.
Según El Comercio, el 20 de enero de 2026, mediante la Disposición N.° 11, el despacho fiscal decidió no proceder con la denuncia constitucional presentada contra los magistrados de la JNJ —Gino Augusto Tomás Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y Cayo César Galindo Sandoval— ni contra Liz Patricia Benavides Vargas, Jorge del Castillo Gálvez y José Humberto Abanto Verástegui.
La investigación estaba vinculada a la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, como el avocamiento ilegal de un proceso en trámite, y delitos contra la administración pública, entre ellos usurpación de funciones y abuso de autoridad, relacionados con el trámite y la emisión de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, de junio de 2025.
En ese sentido, la Fiscalía decidió no proseguir con las investigaciones por presunta falsedad ideológica atribuidas a María Teresa Cabrera Vega, ni por el presunto delito de acoso agravado contra los magistrados Gino Ríos y Cabrera Vega, así como tampoco por la imputación de usurpación de funciones contra Patricia Benavides, relacionada con su permanencia en las instalaciones del Ministerio Público en junio de 2025.
En ese mismo pronunciamiento, el despacho fiscal rechazó de manera liminar las denuncias presentadas por Delia Espinoza Valenzuela y Juan Walter Sifuentes Bustillos, quienes acusaban a Patricia Benavides y a los integrantes de la JNJ de presuntos delitos como usurpación de funciones, desobediencia a la autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
La Fiscalía resolvió archivar definitivamente la carpeta fiscal acumulada, disponiendo la notificación de la decisión a las partes procesales y autorizando la entrega de las copias digitalizadas requeridas por la defensa de uno de los investigados.
