El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializó la desactivación de los principales equipos especiales del Ministerio Público, decisión que implica el relevo de sus coordinadores y el traslado de todos sus casos a despachos especializados. Con esta medida, las investigaciones emblemáticas que manejaban estos grupos pasan a ser absorbidas por subsistemas ya existentes de la Fiscalía.
Mediante cuatro resoluciones publicadas este martes 6 de enero en el diario oficial El Peruano, Gálvez dispuso la desactivación definitiva de los Equipos Especiales Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, se dio por concluida la designación de los fiscales coordinadores Rafael Vela y Alfonso Barrenechea, quienes serán reubicados en otras instancias del Ministerio Público.
Según detalla el documento, la decisión se ampara en la necesidad de consolidar una “estrategia unificada de persecución penal” y de reforzar los subsistemas especializados ya existentes en Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos. La premisa es concentrar las investigaciones complejas en estructuras permanentes, en lugar de mantener equipos especiales autónomos.
Fin del Equipo Especial Lava Jato
A través de la Resolución N.° 007-2026-MP-FN se ordena la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, que encabezaba las pesquisas por el caso Odebrecht y otros relacionados. Con ello se da por terminada la designación de Rafael Vela Barba como coordinador de este grupo fiscal.
El personal fiscal y administrativo que integraba el equipo, así como las 97 carpetas fiscales que se encontraban a su cargo, serán incorporados al Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. La resolución sostiene que este traslado permitirá “optimizar el talento fiscal” y asegurar la continuidad de los procesos bajo una jefatura única.
Eficcop y Cuellos Blancos
Mediante la Resolución N.° 008-2026-MP-FN, el Ministerio Público dispuso también la desactivación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Con esta medida queda sin efecto la coordinación que ejercía la fiscal Vanessa Díaz Ramos, quien había asumido el liderazgo tras la salida de Marita Barreto.
Los casos vinculados a Eficcop serán derivados a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que asumirá en adelante las investigaciones vinculadas a altos exfuncionarios y redes de poder político. En paralelo, la Resolución N.° 006-2026-MP-FN pone fin al Equipo Especial “Los Cuellos Blancos del Puerto” y establece que Alfonso Barrenechea sea reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito.
Eficavip
La Resolución N.° 005-2026-MP-FN dispone la desactivación del Eficavip, grupo creado para indagar las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales de 2022-2023. De acuerdo con la disposición, tanto el personal como las carpetas fiscales serán asumidos por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
El argumento fiscal es evitar la dispersión de expedientes sobre graves violaciones a los derechos humanos y concentrarlos en una estructura con experiencia en ese tipo de delitos. De esta manera, los casos de víctimas en contextos de protesta se tramitarán junto con otros procesos por vulneraciones a derechos fundamentales.
¿Qué argumentos se consideraron para la desactivación?
En declaraciones pasadas, el titular del Ministerio Público había adelantado el cierre de los equipos especiales y cuestionado sus resultados, asegurando que “no han dado resultado” y que su funcionamiento habría derivado en un escenario de “encubrimiento, impunidad y persecución”. El fiscal interino sostuvo que la reorganización busca recuperar eficacia en la persecución penal y ordenar la estructura del Ministerio Público.
La decisión motivó críticas de los fiscales que integraban estos grupos. Rafael Vela advirtió que la disolución de los equipos especiales significaría una “ofrenda a la corrupción” y que convertiría a la Fiscalía de la Nación en una “mesa de partes del Congreso”. A su vez, José Domingo Pérez señaló que Gálvez debía inhibirse por adelanto de opinión y lo responsabilizó de cualquier afectación a los procesos emblemáticos en curso.
