El exfiscal Gerardo Chávez ratificó el requerimiento acusatorio que solicita una pena de 5 años y 4 meses de prisión contra el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, investigado por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según indicó, el Ministerio Público ya concluyó las etapas de investigación preliminar y preparatoria, quedando el caso listo para avanzar hacia el juicio oral.
La investigación se inició antes de que Sánchez asumiera funciones como parlamentario y estuvo a cargo del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Lima-Breña-Rímac y Jesús María. Chávez señaló que condujo directamente el caso durante cerca de tres años, hasta enero de este año.
De acuerdo con la tesis fiscal, el proceso surgió tras detectarse presuntas irregularidades en los reportes financieros del partido político Juntos por el Perú. Inicialmente, la agrupación declaró cero aportes ante los organismos electorales; sin embargo, las pesquisas identificaron movimientos por alrededor de 280 mil soles en las cuentas de William Sánchez.
El levantamiento del secreto bancario permitió identificar depósitos provenientes de diversas regiones del país, realizados -según la fiscalía- por candidatos que participaron en procesos electorales de 2018 y 2020. El Ministerio Público sostiene que existirían indicios de falseamiento de información relacionada con aportes partidarios.
Aunque el Poder Judicial archivó de manera definitiva el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas políticas, Roberto Sánchez aún afronta investigaciones por falsa declaración y presunto falseamiento de información sobre aportes. Según el cronograma judicial, el inicio del juicio oral está previsto para 2025.
Asimismo, la fiscalía informó que solicitó la entrega de libros contables del partido correspondientes a 2018 y 2020, aunque parte de la documentación habría sido reportada como perdida o sustraída por los responsables de finanzas. El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia que definirá si el caso pasa formalmente a juicio oral.
