La Fiscalía de la Nación pide 3 años y 6 meses de prisión para el expresidente Francisco Sagasti por el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presunto abuso de autoridad. La noticia fue revelada por Carlos Rivera, abogado del expresidente.
El requerimiento fue presentado antes de la audiencia de control de acusación que se realizará este jueves 26 de marzo de manera virtual, en la que se decidirá si el caso pasa a juicio oral. El Ministerio Público sostiene que las resoluciones que ordenaron el retiro de los altos mandos policiales habrían excedido las facultades propias del presidente de la República.
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sostiene que las decisiones tomaron lugar en noviembre de 2020, durante el inicio de la presidencia de transición de Sagasti, en un contexto de crisis política y social.
El requerimiento fue formulado por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, en el marco de la misma fiscalía, luego de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se excusara de la investigación según informó el abogado de Sagasti, Carlos Rivera. La acusación también incluye al expresidente y a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice, para quienes se solicitan 2 años y 6 meses de prisión como parte de la imputación por el mismo caso.
La Procuraduría Pública, por su parte, ha presentado una demanda de reparación civil por 400 mil soles, al estimar que las resoluciones generaron un daño institucional a la PNP y afectaron la carrera de oficiales de alto rango. La etapa de control de acusación permitirá que el juez valore la coherencia de los cargos, la suficiencia de la prueba y la pertinencia de la calificación de abuso de autoridad, antes de decidir sobre el ingreso a juicio oral.
La defensa de Sagasti adelantó que cuestionará durante la audiencia la validez de la acusación y pedirá que no se admita a juicio, argumentando que las decisiones respondieron a criterios de gestión institucional y a la necesidad de reorganizar la cúpula policial en un escenario de tensión. El caso se suma a otros procesos penales abiertos contra exmandatarios peruanos, en los que se analizan decisiones adoptadas desde el poder ejecutivo en momentos de crisis política.
