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El dueño del partido de gobierno Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene un largo historial de procesos penales en el Ministerio Público: más de un centenar por presuntos hechos irregulares, en muchos casos supuestamente cometidos durante sus dos periodos como gobernador regional de Junín, entre 2010 y 2014, así como 2018 y 2019.
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Según registros de la Fiscalía, son 160 denuncias interpuestas contra Cerrón por presuntos delitos contra la administración pública, los que habrían generado beneficios económicos indebidos para el exgobernador.
En ese historial es reiterativa la imputación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, concusión, colusión, peculado y cohecho.
Esta información fue consignada en la solicitud de prisión preventiva por 36 meses, planteada por el fiscal Richard Rojas Gómez, contra Vladimir Cerrón, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso del presunto financiamiento ilícito del partido Perú Libre.
El documento -difundido por el programa Contracorriente- será sustentado a las 3:00 de la tarde de hoy por el fiscal Rojas, ante el juez Jhon Pillaca Valdez.
Solo en Junín, Vladimir Cerrón registra 51 carpetas fiscales por presuntos hechos ilícitos, las que se encuentran en diferentes etapas de la investigación penal.
Para Richard Rojas, este historial constituye las actividades criminales previas a la investigación que dispuso abrir contra Cerrón por lavado de dinero de fuente ilícita.
El caso, que incluye a 11 personas, pasó a la siguiente etapa del proceso penal: la investigación preparatoria por un laso de 36 meses, el mismo plazo de prisión preventiva que ha solicitado.
La Fiscalía refiere que, de todos los procesos penales, se debe prestar atención al “Caso N° 154-2019 (ahora Caso N° 04-2021)”, en el que Cerrón figura como “líder y estratega” de la presunta organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro”, que se habría enquistado en el Gobierno Regional de Junín.
Cerrón, cuando dirigió la gobernación de Junín, habría constituido dicha organización delictiva -formada por funcionarios y servidores- en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, “para lo cual habría tenido como proyecto criminal la percepción de dinero ilícito destinado al Partido Político Nacional Perú Libre, a través de sus cuentas, financiamiento de sus diversas campañas y a sus miembros”.
El proyecto criminal, según la Fiscalía, se habría ejecutado mediante dos actividades específicas: el otorgamiento de licencias de conducir a cambio del pago de coimas (cohecho pasivo propio) así como la contratación de personas allegadas al partido. para lo cual se manipulaban las bases, términos de referencia y direccionamiento de los diversos procesos de contratación de personal”.
Este caso estaba a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, pero en agosto de 2021 pasó a Lima, a la fiscal Vanessa Díaz Ramos, al tratarse de un caso complejo y que sus implicancias traspasan la mencionada región.
Una parte de esta carpeta fiscal fue tomada por el fiscal de lavado de activos Richard Rojas para abrir investigación a Cerrón, su madre Bertha Rojas, su hermano congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), el legislador Guido Bellido y otros.
Aquí también se atribuye a Cerrón ser el líder de una organización criminal que habría utilización al partido político Perú Libre “como fachada para la captación y colocación de dinero maculado a través de su sistema económico interno”, señala una nota de prensa fiscal.
La presunta organización criminal se habría valido de dinero sucio proveniente de la comisión de delitos de corrupción de funcionarios, por el citado caso “Dinámicos del Centro”.
PRONÓSTICO. Según el pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, de 336 páginas, el exgobernador sería pasible a una pena de prisión efectiva de 35 años, la máxima que se puede dar en el Perú.
El exgobernador es imputado, en este caso, por los graves delitos de organización criminal y lavado de activos: el primero tiene una pena máxima de 15 años, mientras que el segundo, 20 años.
Además, el Ministerio Público toma en cuenta que el investigado es “reincidente”, basándose en la sentencia condenatoria en su contra por el delito de negociación incompatible, fallo emitido por la Corte Suprema que, incluso, ratificó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año, en noviembre de 2020.
Vale decir que los 35 años de prisión es el cálculo realizado por la Fiscalía en una eventual sentencia condenatoria, cuando el proceso penal llegue a su fin.
Dicho cálculo es un pronóstico de pena, uno de los presupuestos (que sea mayor a cuatro años) necesarios según ley para la imposición de la prisión preventiva.
Los otros dos presupuesto son los elementos de convicción que vincula al investigado con los delitos imputados (crimen organizado y lavado de activos) y el peligro procesal (fuga u obstrucción a la justicia).
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OBSTACULIZACIÓN. Dentro de los indicios que ha presentado la Fiscalía para sustentar el peligro procesal sobre Cerrón, se indica que no se puede descartar que el investigado habría obstaculizado el proceso penal en su contra por el caso del presunto financiamiento ilícito de Perú Libre.
Esto habría sido posible mediante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público para “distraer, debilitar, evitar, desviar la atención y enfoque del persecutor de la acción penal en el descubrimiento de los hechos investigados en el presente caso”.
Esta tesis tiene como base un reportaje propalado por el periodista Beto Ortiz, en Willax TV, que reveló que la entonces fiscal suprema de Control Interno María Sokolich Alva “habría realizado diversas conversaciones sugerentes” con Eduardo Pachas, uno de los abogados del presidente Pedro Castillo.
Los diálogos habrían derivado luego a que Sokolich, el 23 de setiembre de 2021, ordenara a la jefatura de Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, a cargo de la fiscal Mery De la Torre, que informe qué acciones tomaba su despacho sobre una supuesta filtración de información reservada a medios de comunicación, en referencia al caso del presunto financiamiento ilícito de Perú Libre.
Efectivamente, la Oficina Desconcentrada de Control Interno abrió investigación a Rojas, quien tenía que dar sus descargos mientras investigaba el caso que vincula a Vladimir Cerrón como líder de una presunta organización criminal.
La pesquisa contra el fiscal fue archivada, pero esta acción sería parte de alguna influencia ejercida por Vladimir Cerrón, según la Fiscalía.
