Lozano enfrenta un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y otro por presunta defraudación tributaria, según constató Correo. Foto: Andina
Lozano enfrenta un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y otro por presunta defraudación tributaria, según constató Correo. Foto: Andina

El juicio oral contra Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), está cerca de ingresar a su recta final. El caso por presunto enriquecimiento ilícito, en el que enfrenta más de once años de prisión, tiene pendientes las declaraciones de tres testigos de su defensa.

Tras ello, se iniciarán los alegatos finales de ambas partes –de abstenerse el acusado de ser interrogado–. Son dos o tres meses los estimados para la fase final, una situación prevista antes de las vacaciones de los magistrados del Poder Judicial en febrero del 2027.

El caso

El juicio oral se inició formalmente el 8 de mayo último. El fiscal Julio Pilco, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, acusó a Lozano de un desbalance patrimonial ascendente a S/2,830,752.76, de acuerdo a la documentación a la que accedió Correo. (ver infografía).

Según explicó, el incremento de patrimonio se dio durante los dos periodos consecutivos en los que Lozano fue alcalde de Chongoyape (Chiclayo, La Libertad). Esto es, entre el 2011 y 2014, y 2015 y 2018. Entre estos últimos años, además, Lozano asumió como vicepresidente de la FPF, un dato no menor para su defensa a cargo de la abogada Giuliana Loza.

Este Diario pudo constatar que, hasta la primera semana de noviembre, se llevaron a cabo 24 sesiones del juicio oral. Los jueces que decidirán el futuro del presidente de la FPF son Nicolás Iñonan Ventura (director de debates), Carlos Larios Manay y Severino Vargas Calderón.

Los magistrados ya oyeron las declaraciones de los dos testigos del fiscal Pilco: Nicolás Soriano y Margalida Salinas, esta última, la perito contable cuyo informe permite dar cuenta de las aparentes irregularidades. Entre tanto, tres testigos de la defensa también hicieron lo propio.

El primero en declarar fue Fredi Clímaco Salazar Rondinel, por sus conocimientos sobre la FPF, FIFA y CONMEBOL. Salazar no es ajeno a los procesos judiciales. El otrora “contador” de la FPF fue detenido en 2024, junto a Lozano y a otras 12 personas, en el marco de una investigación por el caso “Los Galácticos”. Este fue un proceso por presunta organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos.

Salazar declaró el 2 de octubre y respondió preguntas de la defensa, el fiscal y el director de debates. Más tarde, declararían los ingenieros Jorge Álvarez Deza y Jerry Ochoa Medina. Otros tres testigos, presentados por Lozano, esperan rendir sus manifestaciones.

En audiencia

La tesis fiscal se sustenta, principalmente, en el Informe Pericial Contable Financiero N° 21-2022 realizado por la perito Salinas. A este se suma otro informe pericial de ingeniería, sobre valuaciones de inmuebles y edificaciones, y el examen de los estados de cuenta bancarios de Lozano Saavedra.

El informe central ayudó a la Fiscalía a elaborar un esquema. En este, Lozano aparece con un patrimonio inicial de S/36,846, al 1 de enero del 2011 e ingresos legítimos por S/1,396,428.59, junto a gastos y egresos ascendentes S/4,264,028.27. En este último monto se constituyen “compra de bienes, construcciones, viajes y pagos bancarios”.

La defensa argumenta que el fiscal no ha precisado cuál sería el acto funcional concreto, ni el nexo de causalidad entre la labor de burgomaestre de Lozano y el incremento patrimonial que se le atribuye.

También cuestiona el proceso en mención al señalar que su patrocinado ya enfrenta otro caso por presunta defraudación tributaria; es decir, la Fiscalía reconocería una fuente de ingresos alternativa y proveniente del sector privado.

Este último caso aludido, ya se encuentra en fase de juicio oral. Correo constató que la audiencia de instalación, programada para el 18 de noviembre, se llevó a cabo por parte del juez Juan Álex Cubas. El magistrado tuvo complicaciones médicas y, debido a ello, el juicio que se inició en agosto del 2025 tuvo que ser reprogramado para la fecha en mención. El proceso remite a un aparente ocultamiento de ingresos por parte de Lozano, entre los años 2010 y 2014, en perjuicio de la SUNAT.

Debate

La discusión principal del caso se concentra en el informe pericial presentado por la Fiscalía. La defensa ha realizado múltiples observaciones al documento.

Durante el contrainterrogatorio, señaló que la perito asignó S/0.00 a un ingreso de S/87,552 de la empresa Manchete S.A.C; descartó S/58,370 netos por servicios independientes a la Radiodifusora Récord E.I.R.L. y la “omisión” de un flujo bancarizado de S/18,409 de Networkin Solution S.A.C.

Asimismo, otros S/34,776.00 de Manufacturas Charvel, un préstamo personal bancario en el que se dejaron fuera S/17,246 e ingresos de S/320,955 con IGV, entre 2011 y 2018, tras indicar que Lozano ostenta negocios de hotelería.

La perito ha contestado, frente a los cuestionamientos, que asignó cero soles en relación a la primera empresa, por ejemplo, porque esta informó que los comprobantes físicos de los pagos fueron desechados al haber transcurrido más de cinco años.

En tanto, sobre Radiodifusora Récord E.I.R.L. precisó que hubo falta de documentos adicionales que pudiesen acreditar la salida del dinero. Además, sobre la presunta exclusión de parte del monto de un crédito bancario, indicó que realizó una exclusión metodológica. Explicó que solo registró los depósitos comprobados en el extracto de la cuenta, pues consideró insuficiente contar solo con el documento de aprobación o desembolso total del préstamo.

Pese a lo esgrimido por la defensa, los montos presentados como aparentes “omisiones” arrojan solo S/537,308 en promedio, poco más del 18% del monto del desbalance patrimonial que se le atribuye a Lozano. La última palabra la tendrá el colegiado chiclayano que, se espera, actúe con rigor e imparcialidad.

En relación al monto faltante, el patrocinio legal del exalcalde expone otros argumentos. Por ejemplo, la monetización de cosechas agrícolas de los predios Alosa y Santo Tomás, cuyos testigos ingenieros ya declararon, y que los viajes de Lozano, entonces vicepresidente de la FPF (2011-2015), fueron financiados por la FIFA o la CONMEBOL. Precisamente sobre este último aspecto, ya ha declarado el testigo antes mencionado, Salazar Rondinel.

Falta, sin embargo, la presentación del informe contable del perito al que convocó la defensa de Lozano: César Gonzáles Hildebrando Ágreda. Se prevé que declare al término de los también peritos económicos de parte Néstor Noa López y Cindi Raimondi Mendizabal. Con estos tres últimos especialistas, culminarán los interrogatorios.

Desde la instalación del juicio hasta la fecha, el colegiado ha programado una y dos sesiones por semana. Cada una de ellas, con una duración de 45 minutos a dos horas. Debido a que la perito oficial tardó hasta cinco sesiones en absolver todas las preguntas –casi todo septiembre– se espera lo mismo para el perito Gonzales Ágreda. Una participación que esperará a las sesiones previas que se les otorgará a sus colegas. Por ello, se estima que el cierre de esta etapa sea inicios del 2026.

Luego, Lozano decidirá si acepta o no ser interrogado. De ser así, respondería preguntas de su defensa, la Fiscalía y/o Procuraduría. Un derecho del que puede prescindir y dar pase a la fase de alegatos finales.