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La bancada del Frente Amplio pidió al presidente del Congreso, Manuel Merino, que convoque con carácter de urgencia a la Comisión Permanente para que evalúe las denuncias que fueron declaradas como procedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entre ellas las que implican al congresista de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón.
La vocera de esta agrupación política, Rocío Silva Santisteban, firmó el documento en el cual recuerda que la subcomisión aprobó el 29 de setiembre que sean procedentes las dos denuncias que fueron planteadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Alarcón, quien preside la Comisión de Fiscalización.
“No obstante, y pese a la importancia que representan los casos antes señalado, que ameritan pronunciamiento de la Comisión Permanente, esta última no ha llegado a sesionar durante estas semanas, aplazando las posibilidades de proseguir a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con las acciones investigadoras y deslinde de las responsabilidades del denunciado”, señaló la congresista.
En una nota de prensa difundida esta mañana, el Frente Amplio señaló que Alarcón carece de autoridad moral para encabezar la Comisión de Fiscalización por las denuncias pendientes en su contra por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso.
Según el reglamento del Congreso, luego de ser declarada como procedente en la subcomisión, la Comisión Permanente debe pronunciarse para otorgar el plazo de la investigación que se realizará en este grupo de trabajo, luego del cual se emitirá un informe que será sometido a votación.
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Este informe definirá si la acusación constitucional es procedente o no, y luego esta será validada en última instancia en el pleno del Parlamento.
En la primera denuncia planteada por Zoraida Ávalos contra Edgar Alarcón se le imputa presunto enriquecimiento ilícito por un desbalance patrimonial de S/201.337, por tener mayores egresos que ingresos entre el 9 de junio de 2016 y el 4 de julio del 2017, mientras ejerció funciones como contralor general de la República, así como ingresos bancarizados en su cuenta por S/275.664 “cuyos orígenes y depositarios se desconocen”.
La segunda acusación por peculado señala que Alarcón “autorizó el pago de diversos servicios no prestados a la Contraloría General de la República, con cargo a los fondos de caja chica central de dicha institución, por el importe de S/32.417,39, así como a través de la emisión de comprobantes de pago por la suma de S/458.469,56” cuando fue vicecontralor.
