(Foto: Eduardo Cavero | El Comercio)
(Foto: Eduardo Cavero | El Comercio)

La congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) cerró dos libros jurídicos para atender nuestra llamada. Como buena entendida en temas legales -dice- busca actualizarse. No quiere perder la costumbre sobre todo porque mañana, lunes 3 de julio, se emitirá un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema sobre Zoraida Ávalos Rivera. Mantiene su distancia sobre el tema, pero hace observaciones respecto de la aparente injerencia de los magistrados. En esta entrevista, además, declara sobre otros puntos, como por ejemplo, la norma que limita el plazo de la colaboración eficaz.

¿La colaboración eficaz no se ha convertido en una colaboración ineficaz?

Esa es una respuesta que la pueden dar los mismos operadores de justicia, pero vista desde afuera, lo que conocemos es que los colaboradores han dado declaraciones que después la negaron y eso ha puesto en cuestión todo el trabajo realizado por el Ministerio Público. Porque si es una declaración falsa, ¿qué es lo que se corroboró? Se comentó en algunos diarios que incluso para pedir las detenciones provisionales se utilizaban esas declaraciones de testigos no corroborados. Eso fue una irregularidad que tiene que ver con la ética y la moral del fiscal. Y que me imagino que ha servido para que la propia institución haga el seguimiento.

¿Considera que los límites de 8 meses y 4 meses adicionales que se consignan en el proyecto de la ley para la colaboración eficaz son justificados?

Se considera que es un plazo razonable. En todo caso, los fiscales pueden hacer las invocaciones ante un juez para una ampliación extraordinaria que el código permita cuando se trata de un tema complejo.

¿Cómo responde a las críticas que nacen de altos funcionarios como el ministro de Justicia?

Que seguramente no han ejercido la profesión y que no conocen del procedimiento. Tal vez no recuerdan que otrora este tipo de procedimientos especiales fue aplicado en el tiempo del terrorismo donde la investigación apenas duraba 15 días, donde incluso teníamos éxito en las indagaciones.

¿En todos los casos?

Bueno, las denuncias de terrorismo casi todas tuvieron un resultado positivo. La denuncia que hacía el fiscal con lo que había recogido en el plazo de la investigación preliminar generalmente conllevaba a un mandato de detención. Si nosotros no aportábamos una prueba que convenciera al juez, les daban la libertad.

Pero esta herramienta de la colaboración eficaz, a través del tiempo, se ha ido desnaturalizando, ¿no?

Esta nació con la finalidad de que los miembros de una organización colaboraran para identificar a los cabecillas. Los cabecillas no tenían ese beneficio, pero luego, en el 2013, se modifica esta herramienta para extender el beneficio a los cabecillas. Allí nadie dijo nada. Nadie se rasgó las vestiduras.

¿Por eso ahora considera incongruente un cuestionamiento a la norma que pone límites?

Me parece que ahora que se habla de plazos. Se quejan tanto y me es complicado entenderlo. Me parece una falta de coherencia.

Bajo toda esa lógica, ¿no se ha convertido acaso la colaboración eficaz en una herramienta para la impunidad?

En algunos casos, puede ser.

Algunos investigados llevan una vida relajada siendo aspirantes o colaboradores eficaces como por ejemplo la señora Sada Goray...

Ella es colaboradora porque ha aportado algunos datos, pero se están descubriendo otras cosas. Y no le pasa nada. Las leyes se dan a la luz de los acontecimientos de los hechos de las mutaciones que se van dando en la vida...

Quiero insistir: existen personas ligadas a altos grados de corrupción, que están ubicadas incluso en otros países y no tienen ninguna restricción. ¿Una persona se puede someter a la colaboración y rápidamente se les limpia de todos los delitos?

Tiene que verificarse lo que se ha dicho. Una vez comprobado, si es de utilidad y ha servido para desarticular organizaciones, ubicar lugares de lavado de dinero, etc, será importante el aporte. Pero tiene que haber una parte del colaborador, un compromiso de no volver a incidir en un comportamiento como ese. (...) Son los propios magistrados los que deben presentar un proyecto para ir ajustando, afinando las leyes que les sirva de herramienta para trabajar, porque las normas procesales son esas herramientas para facilitar el ejercicio de la función.

¿Se podría cuestionar el procedimiento de la Fiscalía entonces en algunos casos?

Pueden haber algunos fiscales. Se puede estar mal utilizando la norma, pero eso no nos lleva a cuestionar a la institución.

¿Le parece correcto que la fiscal Marita Barreto haya viajado a Punta Cana para interrogar a Sada Goray?

El momento en que lo ha hecho, de pronto, justifica la búsqueda de pruebas. Si está en búsqueda de información y si eso le significa tener que hacer un esfuerzo, pues muy bien. Pero si eso hubiera ocurrido ahora tendría otra connotación. Cada cosa hay que analizarla en su momento y el tiempo en que se dio. Ahora, ¿qué tan importante es lo que recibió? Ese es otro tema...

Claro, pero ¿a qué investigado con ese nivel de presunta corrupción se le da el privilegio de que la propia fiscal vaya a buscarlo?

Bueno ha habido situaciones por ejemplo en el caso Lava Jato. Hay antecedentes.

¿Pero lo ve incorrecto?

No sé, pero hay que ver los entretelones de una investigación que hay al interior de la misma y qué tan importante puede ser el dato para poder avanzar.

¿Y si el dato no es importante?

Bueno, esa es otra historia.

¿Qué opinión tiene sobre la reunión de la Sala Plena que va a realizarse el lunes y cuánto cree que pueda influir en lo que ha decidido el Congreso sobre el caso Zoraida Ávalos?

Yo tengo una opinión desde el punto de vista técnico. Tengo ciertos cuestionamientos, pero prefiero reservármelos hasta que ellos terminen de hacer sus cuestionamientos. Pero solo le voy a decir una cosa: teniendo ellos, a posteriori, la encargatura de llevar adelante una investigación, el actuar con esta naturaleza, significa poner un obstáculo porque tendrán que excusarse, inhibirse de intervenir y aquí han manifestado un interés político en el tema. Ahora, desde el punto del análisis de la independencia y autonomía (del Poder Judicial), ahí veremos qué es lo que van a decir porque hay independencia objetiva, subjetiva, que podemos debatirlo en su momento. Ahora, por lo menos hay ocho personas que no podrían intervenir en ese proceso (a Zoraida Ávalos).

¿Ve posible un estallido de conflicto de poderes?

No, el Congreso no está en conflicto con nadie. Ha llevado a cabo un procedimiento que, en el curso del mismo, nadie cuestionó y que finalizado el proceso se llegó a un acuerdo. Parece que se han tocado sensibilidades donde todos se han sentido ofendidos, se han sentido dañados, se han sentido alcanzados con esa decisión, no lo sé.... Y no lo sé porque no sé el contenido (del pronunciamiento) y me refiero a la Sala Plena. Ahora, de otro lado, está el tema de que ¿acaso el Poder Judicial a través de su presidente o antes presidenta no participó de estos consejos de gobierno donde se debatían políticas públicas del Ejecutivo y Legislativo de los que debe estar muy distantes y en algún momento no lo pidieron a gritos? Y hoy hablan de la “independencia funcional y que no puede el Congreso pronunciarse sobre criterios jurisdiccionales”, cuando el fiscal (en alusión a Ávalos) no es parte de la jurisdicción. El fiscal investiga una preintervención del órgano jurisdiccional. Es controlado por el juez. Las decisiones de los fiscales no constituyen cosa juzgada ni siquiera cosa decidida. Entonces ¿de qué estamos hablando?

¿Podría entenderse como una injerencia de parte de la Sala Plena de la Corte Suprema en el caso de Zoraida Ávalos en contra del Congreso?

Podría significar un adelanto de opinión en una causa que van a conocer.

O sea, ¿sí habría una injerencia?

O sea, habría una vulneración al debido proceso, al principio de imparcialidad, al principio de independencia de que aparentemente quieren defender. No creo que eso ocurra porque sería muy grave.

¿Qué opina de los que habrían impulsado eso en la Sala Plena, que serían San Martín y un grupo de jueces supremos?

Seguro fue un momento de apasionamiento. Hay momentos en que a veces nos dejamos llevar por algunos sentimientos y tenemos una conducta reactiva, pero un magistrado debe ser siempre ponderado y sereno y evaluar las cosas en toda su dimensión y con la altura que le corresponde.

¿Qué se evidencia con eso?

El pedido puede ser un hecho reactivo, nada más emocional y reactivo. Lo cierto y evidente es que han puesto en cuestión su autonomía e imparcialidad que debe tener un juez en un proceso.

De otro lado, ¿cómo ve la posible alianza entre Fuerza Popular y Perú libre?

No sé si haya posibles alianzas o no. Pueden haber conversado a efectos de tener una mesa con participación de todos los grupos y así para poder avanzar en el trabajo o poder analizar en conjunto los problemas que tiene actualmente el Congreso o quizá hacer unos lineamientos en favor de la institución. De ser esa la visión, ¿por qué no podría haber una alianza? Otra cosa son los pactos políticos, pero si es un fin institucional, solo de política institucional que es diferente yo no lo vería cuestionable.

¿Su bancada podría ser parte de esta eventual alianza?

No nos hemos reunido todavía. Nos han dicho que la reunión para tratar este tema será después de la semana de representación, es decir, el sábado 15 o lunes 17.

Si su bancada decide que usted será candidata para la presidencia de la Mesa Directiva, ¿se negará?

Tendríamos que conversar para saber si hay razones fuertes para hacerlo, pero todavía no hay nada.

Digamos que podría trabajar para una agenda-país, ¿no?

El otro día yo lo dije: cuando se trata del país, nadie se niega.

Muchos la ven como una candidata idónea para el cargo, ¿usted cómo se siente?

Sencillamente como una congresista más.