El general Orlando Sánchez, quien dirige la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio (DIRILA) de la Policía Nacional del Perú, proporcionó información detallada sobre la captura del gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, acusado de encabezar la organización criminal denominada ‘Los elegantes del Gore’.
En declaraciones para el medio Exitosa, el alto mando policial afirmó que la evidencia recopilada apunta de manera contundente a que la autoridad regional efectivamente habría incurrido en el delito de lavado de activos, actuando presuntamente en complicidad con Zoila Cuéllar Garay, su pareja sentimental, además de Luis Peña Alburquerque y Carmen Guerrero Jaime.
Cargos contra la autoridad regional
Conforme a lo comunicado por el Ministerio Público, Cruces Ordinola fue arrestado durante la noche del jueves 5 de febrero en la capital del país, enfrentando acusaciones por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
La investigación preliminar señala que durante su gestión al frente del gobierno regional, Cruces Ordinola habría otorgado de manera irregular contratos para obras de descolmatación en el distrito de Corrales, además de la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, ubicado tanto en el distrito como en la provincia de Tumbes, así como otras presuntas actuaciones fuera del marco legal.
Respecto a las graves imputaciones que pesan sobre el gobernador regional, el general Sánchez reveló la existencia de un “desvío de dinero” proveniente de los recursos asignados para las mencionadas obras públicas, cuya finalidad real habría sido la adquisición de bienes para uso personal. Esta circunstancia constituiría el elemento agravante más que suficiente para demostrar la comisión de dicha infracción, justificando plenamente su detención.
“Del monto total que se ejecutó, alcanza los 3 millones de soles. Una parte considerable de ese dinero ha sido destinado para otras adquisiciones, se ha desviado, por ejemplo, para la compra de bienes muebles e inmuebles que precisamente son motivo también de la disposición judicial que se ha emitido: detención de las personas involucradas y dos bienes inmuebles incautados”, explicó el funcionario policial.
Detención preliminar por 15 días
Según la resolución N.º 1 emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones en un periodo máximo de 96 horas.
El fiscal Manuel Eduardo Apolo Casariego tiene bajo su responsabilidad esta diligencia, procediendo a la revisión y extracción de información contenida en los teléfonos celulares y diversas aplicaciones de mensajería pertenecientes a las personas mencionadas.
Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de una investigación orientada a desmantelar presuntas redes de blanqueo de capitales y corrupción que operarían dentro del Gobierno Regional de Tumbes, bajo las modalidades de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de procedencia ilícita.
La orden judicial también establece la detención preliminar por un plazo de 15 días para los imputados, mientras se llevan a cabo las diligencias que puedan respaldar la teoría del Ministerio Público, quedando abierta la posibilidad de solicitar prisión preventiva contra aquellos que la fiscalía considere necesario.
La Policía Nacional sostiene que todas las pruebas y evidencias indican que la autoridad regional podría permanecer varios meses en un establecimiento penitenciario, dependiendo del desarrollo de las investigaciones y las decisiones que adopte el Poder Judicial en las siguientes semanas.
