Gobernadores de 18 regiones, incluidos César Acuña y Rafael López Aliaga, emitieron un pronunciamiento en respuesta al comunicado del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) sobre las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte, quien, según un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), habría recibido ingresos de S/1.1 millones de origen desconocido.
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El grupo de gobernadores regionales expresó que el Consejo Directivo de la NGR “no puede arrogarse la representatividad total de los gobiernos regionales” al hacer declaraciones que “no han merecido el consenso de las autoridades que los representan”.
“Ratificamos plenamente la voluntad democráticas de las regiones que representamos y su incondicional apego al orden constitucional y a las instituciones legalmente constituidas”, se lee en el comunicado.
“Conscientes de la existencia de amenazas al orden constitucional, que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país, afectando el desarrollo y el crecimiento en perjuicio de los más pobres, invocamos a todos los actores políticos, sociedad en su conjunto y a todas las fuerzas democráticas a que actúen con responsabilidad, preservando la plena vigencia del Estado de derecho y buscando asegurar el bien común”, indican en el siguiente párrafo.
Finalmente, invocan al Gobierno a desplegar esfuerzos en la búsqueda de la unidad nacional, garantizando en todo momento los principios de transparencia e integridad.
Entre los firmantes destacan los gobernadores César Acuña Peralta (La Libertad), Antonio Pulgar (Huánuco), Zósimo Cárdenas (Junín), Luis Torres (Tacna), Luis Neyra (Piura), Rafael López Aliaga (Lima Metropolitana), Rosa Vásquez (Lima Provincias), entre otros.
El comunicado de la ANGR
La ANGR respondió al informe de la UIF sobre ingresos no justificados de Dina Boluarte, afirmando que las regiones no apoyarán actos ilegales. Además, instó a una investigación exhaustiva de los hechos por parte del Poder Judicial.
“Las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y estabilidad del país”, manifestaron.
“Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, resolver los principales problemas que afectan a nuestra población, que se encuentra permanentemente en medio de conflictos políticos, impidiendo atender sus demandas”, añadieron.
