El Gobierno oficializó este domingo, mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, las disposiciones complementarias de la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías. La norma busca garantizar la continuidad y seguridad de un servicio considerado “esencial y estratégico” para la movilidad social y la economía del país.
La resolución N° 009-2026-PCM precisa que la implementación de estas medidas se financiará con el presupuesto institucional de las “entidades involucradas”, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Entre ellas figuran el Ministerio del Interior (a través de la Policía Nacional), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Asimismo, la norma establece acciones de prevención, respuesta inmediata y recuperación económica frente a los delitos de extorsión y sicariato.
Medidas incluyen control financiero, rutas seguras y respuesta policial
Entre los principales ejes del reglamento figura el monitoreo de flujos financieros vinculados a denuncias por extorsión, a cargo de la SBS y la UIF, con el objetivo de detectar movimientos sospechosos de dinero. También se dispone la implementación progresiva de rutas, paraderos y vehículos con certificación de seguridad, que incluirán cámaras, botones de pánico y su integración al sistema C5i.
En el ámbito operativo, la norma ordena patrullajes focalizados, centros de comando policial, protección de víctimas, como reserva de identidad y botones de pánico, así como la articulación permanente entre fiscalías y unidades especializadas de la PNP. Además, se contempla la creación de rutas provisionales para garantizar la continuidad del servicio ante zonas de alto riesgo.
¿Qué sectores quedan olvidados frente a la extorsión?
Pese a que la iniciativa del Gobierno busca proteger al sector de transportes, el enfoque sigue siendo limitado pues la norma excluye a otros rubros igualmente afectados por la extorsión, como bodegas, farmacias, pequeños comercios y hasta centros educativos.
Desde el propio sistema de justicia se ha advertido que la criminalidad no distingue actividades económicas, por lo que centrar la protección estatal solo en el transporte podría generar un trato desigual entre víctimas del mismo delito.
Por otra parte, el financiamiento de la normativa aún resulta ambiguo. Aunque el decreto señala que no se destinarán recursos adicionales del Tesoro Público, la implementación de fiscalías especializadas, patrullajes, tecnología y compensaciones económicas requiere una fuerte inversión.
Sin un respaldo presupuestal claro, podría presentarse el riesgo de que varias de las medidas queden en el plano normativo y no se traduzcan en una capacidad real de respuesta frente al crimen organizado.
La oficialización del reglamento se produce luego de semanas de retraso y anuncios fallidos del Ejecutivo. El presidente José Jerí había señalado inicialmente que el documento estaría listo a inicios de enero, luego reconoció públicamente la demora como un “jalón de orejas” para su gestión y prometió su publicación “como máximo” el sábado, plazo que volvió a modificarse en medio del paro de transportistas en Lima y Callao.
