Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el Ministerio de Justicia incorporó a Lesli Roxana González Cabanillas como nueva integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, días después de que el mismo organismo declarara inadmisible la última solicitud de indulto presentada a favor del expresidente Pedro Castillo. La abogada es oriunda de Chota, Cajamarca al igual que el exmandatario. Sus padres también fueron docentes de la UGEL a la que perteneció Castillo.
El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, oficializó el cambio mediante una resolución ministerial el pasado 5 de mayo de 2026. Esta incorporación se concretó cuatro días después de que la comisión, en sesión ordinaria del 30 de abril, declarara inadmisible el pedido de gracia presidencial más reciente a favor de Castillo.
Pese a los cuestionamientos por el vínculo entre la nueva funcionaria y el exjefe de Estado, desde el sector de Justicia se restó importancia a la contratación.
“Solamente se ha incorporado a una persona por sustitución a raíz de que se ha generado una renuncia”, expresó Jiménez.
Este nombramiento no ocurrió de forma aislada. En menos de un mes, la Comisión de Gracias Presidenciales renovó a dos de sus cinco integrantes. El 7 de abril, mediante resolución del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se designó a Carlos Antonio Bazo Ramírez como representante del Despacho Presidencial. Ambas incorporaciones se produjeron en el período de mayor actividad de solicitudes de indulto a favor del expresidente.
¿Qué solicitudes llegaron a la comisión?
Desde el inicio del gobierno de José María Balcázar, al menos dos gestiones paralelas ingresaron a la comisión antes del rechazo del 30 de abril. Inicialmente el pastor evangélico Germán Villena Cóndor presentó en diciembre de 2025 una solicitud declarada inadmisible por no especificar el tipo de gracia presidencial requerida, y el 21 de abril volvió a insistir con un documento dirigido directamente al presidente Balcázar.
Asimismo, el abogado Raúl Choquenaira Chino también presentó su propia solicitud tras visitar Barbadillo en febrero de 2026. Según el argumento de la defensa legal, el expresidente padece un cuadro clínico que justificaría un indulto humanitario.
“El indulto humanitario, por motivos de salud. Presenta un cuadro clínico relacionado con una infección del oído, otitis. En cualquier momento se puede morir, ¿quién va a ser responsable?”, comentó a Cuarto Poder.
Choquenaira Chino tampoco es ajeno al entorno del exmandatario. Durante el gobierno de Castillo, obtuvo siete órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un total de 37,500 soles. Sin embargo, al ser consultado sobre ello, el abogado no negó la vinculación contractual con el Estado durante esa gestión.
“Yo ahí prestaba mi servicio como profesional. Me presenté y me contrataron”, respondió.
¿Qué impide que Castillo pueda recibir el indulto?
Pedro Castillo fue sentenciado en noviembre de 2025 a 11 años y medio de prisión por los delitos de rebelión y conspiración, luego de que en diciembre de 2022 decretara la disolución inconstitucional del Congreso. Su defensa apeló esa sentencia, lo que significa que el proceso sigue activo y no existe aún una condena firme.
Este detalle es clave porque el indulto, en términos legales, solo puede otorgarse a una persona con sentencia definitiva y ejecutoriada. El abogado penalista Luis Lamas precisó que, para que Castillo pudiera acceder a esa figura, su defensa tendría que renunciar a la apelación en curso, “lo que implicaría aceptar la condena impuesta en primera instancia”.
