El Gobierno de Brasil ha otorgado asilo político a Nadine Heredia, exprimera dama del Perú, a pesar de la condena de 15 años de prisión por lavado de activos que pesa en su contra.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la decisión fue tomada tras una solicitud de asilo presentada por Heredia y su hijo, S.M.O.H.H., con base en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
A través de un comunicado oficial, la embajada brasileña en Perú detalló que la medida fue adoptada en cumplimiento de los principios establecidos por dicho acuerdo internacional, el cual permite la protección a personas que se encuentren en situaciones de persecución o riesgo. Este asilo implica la autorización de su permanencia en Brasil, pese a la condena emitida por la justicia peruana.
Con esta decisión, el Gobierno de Brasil ha dado una respuesta favorable al pedido de la exprimera dama, quienes continuarán en el país mientras se garantiza su seguridad y bienestar.
Gobierno de Dina Boluarte otorga salvoconducto
Cabe mencionar que el Gobierno de Dina Boluarte decidió otorgar el salvoconducto para que Heredia y su hijo puedan abandonar el país rumbo a territorio brasileño.
Dictan 15 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos - Clone
En una histórica sentencia, el Poder Judicial condenó al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia Alarcón, a 15 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. En ambos casos, se deberá tomar en cuenta el periodo en que estuvieron en prisión preventiva.
La sala también sentenció a Ilán Heredia, hermano de Nadine, a 12 años de prisión y ordenó su inmediata captura. En tanto, Mario Julio Torres Aliaga recibió una pena de 8 años de cárcel, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario designado por el INPE.

Por su parte, Antonia Alarcón Cuba, Rocío Calderón y Eladio Mego Guevara fueron condenados a 5 años de pena privativa de libertad, aunque con ejecución suspendida por un plazo de 4 años, y sujetos a reglas de conducta.
El fallo incluye además la disolución de la empresa Todograph y la imposición de una multa de 100 UIT al Partido Nacionalista Peruano, en el marco de las sanciones económicas por el delito cometido. La jueza Nayko Coronado también anunció el pago conjunto de una reparación civil de 10 millones de soles a favor del Estado peruano.

La sentencia fue dictada por mayoría de jueces, quienes consideraron que los implicados actuaron como coautores del delito de lavado de activos agravado, utilizando fondos de procedencia ilícita para financiar la campaña presidencial del año 2011.
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