Ayer por la mañana, la empresa de transporte público Translima suspendió sus operaciones luego de que un delincuente lanzara un artefacto explosivo contra uno de sus buses.
Unas horas antes del ataque criminal, la presidenta Keiko Fujimori anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las calles y en el transporte público.
Al respecto, Correo consultó con expertos en la materia para conocer su opinión sobre la medida y si tendría o no un real impacto en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
LA MEDIDA
El 12 de julio, antes de recibir la banda presidencial, Keiko Fujimori aseguró que en los primeros meses de su gestión, el Perú podría ver cambios en los indicadores de inseguridad ciudadana.
“Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es decisión política de nuestro gobierno. Desde los primeros meses ustedes empezarána notar un orden y recuperación de la paz en el Perú”, afirmó.
En aquella entrevista que ofreció a la revista Semana de Colombia, adelantó que las FF.AA. y la Policía participarían en rastrillajes, para buscar proactivamente a los delincuentes.
En su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias, la presidenta Fujimori anunció que durante los estados de emergencia, las FF.AA. asumirían temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno.
Mientras que el domingo por la noche, a través de una transmisión en su cuenta personal de Facebook, anunció la salida del personal militar.
“En los próximos días, pues las FF.AA. estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, indicó.
Además, explicó que la estrategia forma parte del plan de su administración para enfrentar el incremento de la criminalidad y devolver la tranquilidad a la población.
ANÁLISIS
El exministro del Interior, Mariano Gonzáles, dice estar convencido de que se requiere un cambio en el enfoque que se ha tenido hasta el momento para combatir la inseguridad.
“El problema es que la inseguridad ciudadana ha pasado a ser un problema de seguridad nacional”, indicó.
Desde su punto de vista, si bien la Policía y las FF.AA. tienen un rol constitucional muy diferenciado, cuando el sistema está en riesgo, se debe variar ese enfoque, tema que podría ser tratado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
“Esta es una opinión, pero se tiene que implementar de manera legal (el anuncio de la presidenta Fujimori sobre los militares a cargo del orden). Yo estoy a favor de esa variación porque si se trata de un problema de seguridad nacional, el Estado debe defenderse con todas sus herramientas”, señaló.
Finalmente, mencionó será necesario ejecutar un plan que incluya el monitoreo y una evaluación para evidenciar logros a corto plazo.
“La inseguridad es un problema estructural, pero si se puede tener resultados en corto plazo. Se requiere de un sistema e Inteligencia”, agregó.
OPUESTO
Por su parte, el exministro del Interior, Ruben Vargas, recordó que en los últimos cinco años, los gobiernos de turno utilizaron las declaratorias de emergencia como una “varita mágica” que iba a resolver el problema de criminalidad.
“Se usó como si fuera el antídoto mágico, pero después de todos estos años, vemos que es un absoluto fracaso porque se confundió estado de emergencia con estrategias para enfrentar al desborde criminal”, indicó.
Desde su punto de vista, ahora se cambió el nombre de esa “varita mágica” por “las Fuerzas Armadas en las calles” como gran solución para la lucha contra la criminalidad.
“Ojalá fuera así de fácil, pero con ese anuncio nos están indicando que no están entendiendo la naturaleza del desborde criminal”, sostuvo.
Vargas explicó que la criminalidad tiene por lo menos tres niveles: El primer está asociado con el robo en las calles, el segundo está relacionado a las estructuras criminales que extorsionan y contratan sicarios y el tercer nivel son las economías ilegales como el oro ilegal, la cocaína y el contrabando.
“Para enfrentar este desborde criminal se necesitan estrategias integrales e involucran a todas las capacidades del Estado, especialmente a la Policía Nacional y para que esta última cumpla su rol constitucional. tiene que hacerse una reforma profunda”, indicó.
El extitular del Interior agregósss que se necesitan formar equipos contra el crimen con presupuesto, con Inteligencia electrónica y urbana y no con militares en las calles.
En esa misma línea preguntó si los militares estarán también en las peluquerías, bodegas, chifas, farmacias y todos los negocios que sufren de extorsiones, así como en todo tipo de transporte público.
“Se están desperdiciando recursos porque no entienden la naturaleza del problema. La lucha contra el crimen se da a partir de Inteligencia humana y tecnología, eso solo lo puede hacer una Policía honesta. Necesitamos extirpar a la corrupcion de la Policia en paralelo a la formación de los equipos que nos permitan enfrentar alas extorsiones”, apuntó.
SITUACIÓN
El caso más reciente de extorsión se presentó ayer.
Delincuentes grabaron el momento en que lanzan un artefacto explosivo contra un bus de la empresa de transporte público Translima en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
El artefacto explosivo tenía la firma de la organización criminal “Centauro”.
El video fue enviado a través de WhatsApp a los números de los choferes y cobradores de la empresa.
Por ahora, se suspendió el servicio en las rutas cubiertas por las unidades de transporte de la empresa.
Representantes de la empresa señalaron que la flota de 60 buses paga cupos diarios de 55 soles por cada vehículo a cuatro agrupaciones delictivas: “Centauro”, “El Tren de Aragua”, “Los Norteños” y “Los Papis”. Sin embargo, existirían dos nuevas bandas que buscan cobrar cupos.
Una de ellas exigió una cuota de inscripción de 30 mil soles más un pago diario de 20 soles por vehículo, mientras que una quinta banda pidió 50 mil soles por inscripción y una cuota diaria de 15 soles por vehículo.
