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En un intento de anular la aplicación de la norma, el Gobierno interpuso ayer una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley No. 31355, el cual limita al Poder Ejecutivo sobre las motivaciones para presentar la cuestión de confianza ante el Congreso de la República.
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El recurso fue enviado por el procurador público en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, al despacho de la presidenta del TC, Marianella Ledesma Narváez, con el objetivo de que la medida sea admitida y se anule la totalidad de la normativa.
¿Las razones? Por contravenir -entre otros- los artículos 43, 102, 118, 132, 133, 201 y 206 de la Constitución.
Argumentos
En la demanda, Huerta argumentó que la norma vulneró el artículo 206 de la Constitución al haberse seguido un proceso previsto para las leyes ordinarias, “al margen de lo establecido para las reformas al texto constitucional” tal cual lo contempla la Carta Magna.
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Asimismo, precisó que la ley contravino el artículo 102 sobre la competencia del Congreso para interpretar leyes por la siguiente razón:
“La atribución de emitir leyes de interpretación de las normas jurídicas solo se puede realizar respecto a las leyes y resoluciones legislativas que aprueba el Congreso, más no respecto a las disposiciones contenidas en la Constitución”, manifestó Huerta.
El procurador también citó una sentencia del TC, que estableció que la “materia sobre la cual puede girar la confianza fue regulada por la Constitución de manera abierta” para garantizar al Ejecutivo llevar a cabo su política general de Gobierno.
