Este lunes, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, advirtió que el país no podrá erradicar la minería ilegal sin corregir primero los vacíos del marco normativo que debilitan la acción del Estado frente a las mafias dedicadas a esta actividad. Durante una presentación oficial, el funcionario enfatizó que el problema trasciende al Poder Ejecutivo y exige la acción coordinada de los tres poderes del Estado.
“El problema de la minería ilegal no es solamente un problema del Ejecutivo, es un problema de Estado, por lo que todo el Gobierno, el Legislativo y el Judicial tienen un papel muy importante. La raíz del problema está en el marco legal, que nos dificulta muchísimo luchar contra la minería ilegal y tenemos que cambiarlo”, subrayó García Esquerre.
Según sus declaraciones, la legislación vigente genera vacíos que impiden sancionar con contundencia a los operadores ilegales, facilitar interdicciones efectivas o evitar que estas redes criminales se camuflen dentro de procesos de formalización paralizados durante años. Ante la falta de resultados de los operativos realizados, García Esquerre mencionó que el sistema no le permitiría al Estado actuar con la firmeza necesaria.
Congreso cierra puerta al retorno de más de 50 mil registros excluidos
Por otra parte, el funcionario destacó como un paso correcto la reciente decisión del Congreso de no ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que evitó que miles de registros inactivos o irregulares continúen amparando prácticas ilícitas.
“Esta exclusión ha permitido reducir significativamente el universo de mineros en proceso de formalización. De los más de 31 mil que han quedado, son alrededor de 24 mil los que todavía están vigentes. Los demás están suspendidos por algún trámite, pero formalizar a este grupo es posible”, añadió en su discurso.
Según el alto representante , la depuración significa un avance necesario pero insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral que incluya la erradicación de la minería ilegal, el ordenamiento territorial y la recuperación ambiental de zonas devastadas por la actividad ilícita.
En ese sentido, recordó que el Ejecutivo ya aprobó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal, un marco que busca cerrar los espacios en los que operan las redes criminales.
“Modelo Pataz”: presencia permanente del Estado en zonas críticas
Uno de los pilares de la estrategia gubernamental es el llamado “Modelo Pataz”, implementado en la provincia liberteña golpeada por la violencia ligada a la explotación minera ilegal. Esta propuesta consiste en establecer rutas fiscales y puestos de control multisectorial con presencia permanente del Estado, donde participan instituciones como la Sunat, Sucamec y Sutran.
“Vamos a erradicar, pero el Estado y las fuerzas del orden tienen que quedarse y deben instalarse puestos de control para impedir cualquier actividad, por ejemplo, en los ríos donde la minería está prohibida; o puestos multisectoriales como los de Pataz, donde a través de rutas fiscales solo pueden circular camiones con mineral”, detalló García Esquerre.
En estos puntos de control se verifica todo lo que entra y sale de las zonas mineras: mineral transportado, combustibles, explosivos, insumos químicos y maquinaria. García Esquerre sostiene que la clave está en la fiscalización integral que permite rastrear insumos, identificar cargamentos sospechosos y frenar operaciones ilegales que históricamente han aprovechado la falta de supervisión estatal.
“El Ministerio de Energía y Minas debe poner en funcionamiento un sistema interoperable que integrará toda la información para garantizar una fiscalización efectiva en los puestos de control. Esto va a mejorar progresivamente y es un modelo que debemos aplicar en otros lugares”, concluyó.
