El ministro de Justicia, Aníbal Torres, descartó que la salida de Susana Silva Hassembank de la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del INPE esté relacionada con una eventual excarcelación de Antauro Humala, preso por el “Andahuaylazo”.
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Torres negó las versiones en torno a que Silva no habría aceptado redimir la condena de Humala mediante la elaboración de documento para la redención de pena contabilizando los días de trabajo y que por ello, habría sido removida. La resolución que dio por concluida las labores de la funcionaria en el INPE apareció, sorpresivamente, durante la madrugada del último sábado.
“Por ley, Antauro Humala no puede salir en libertad, lo dije desde que asumí el cargo. Ayer, sarcásticamente dije: ‘lo voy a hacer saltar el muro de la cárcel cuando los guardianes estén almorzando y en la calle lo esperará un auto para que fugue a 300km/h’. Pero ni así entienden”, escribió el ministro en su cuenta Twitter.
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JUSTIFICACIÓN. En conversatorio virtual con el exministro Héctor Béjar denominado “El Perú como problema y posibilidad”, Aníbal Torres dijo que la salida de Susana Silva del INPE se debió a que no cumplió con un acuerdo previamente pactado con él para trasladar al expresidente Alberto Fujimori a un penal común.
“Habíamos acordado con relación a Alberto Fujimori que una vez que sale de la clínica, se iba a una cárcel común y ya no a una cárcel dorada. Luego, me entero, sin mi conocimiento, que lo han llevado nuevamente a su cárcel dorada. Por eso, estamos poniendo fin a los servicios que presta esta señora pero ya ven como es la reaccion de la prensa que mal informa”, sostuvo Torres.
El titular del Minjus se refirió al caso Fujimori como justificación para la salida de Susana Silva. Sin embargo, fuentes de Correo señalaron que el expresidente había sido trasladado a una clínica local para ser atendido por su delicado estado de salud y luego, efectivamente, volvió al penal de Barbadillo, Ate.
Todo ello ocurrió en noviembre pasado pero ni el ministro de Justicia ni ningún funcionario del Gobierno puso peros a lo decidido por el INPE, añadieron las fuentes.
DEFENSA. Por su parte, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, señaló que el Minjus pretende utilizar el caso de su patrocinado como “arma de guerra”. Remarcó que decisión de regresar a Fujimori a la Diroes “es un acto administrativo penitenciario”.