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Los gremios empresariales que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) cuestionaron al gobierno de Pedro Castillo por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, dispositivo que, según su nombre, regula los servicios de tercerización, pero en la práctica los restringe de manera perniciosa.
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En esa línea, y mediante un pronunciamiento, exigieron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) respetar la institucionalidad y la legalidad contempladas en la Constitución.
Aseguraron que la norma limita la contratación de servicios de tercerización en el sistema empresarial, atenta contra el derecho a la libre empresa y al derecho de unas 200 mil personas a contar con un empleo formal.
El comunicado está suscrito por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
También firman la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú) y la Sociedad Nacional de Minería Petroleo y Energía (SNMPE).
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HACEN ECO
Los gremios destacaron que resoluciones del Poder Judicial (PJ) y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) refieren que el decreto es una medida ilegal.
“Marcan una clara tendencia, en sede judicial y administrativa, respectivamente, que el MTPE no cuenta con la competencia para imponer medidas de esta naturaleza porque se vulnera la Ley de Servicios de Tercerización en el país”, enfatizaron.
Agregaron que es “inaceptable” que el MTPE amenace con iniciar medidas legales y administrativas a las entidades y autoridades competentes para determinar la legalidad de las normas.
